El 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplica medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo, mientras que el 44 % no lleva a cabo un monitoreo intensificado sobre las PEP.
La Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, revelada a principios de julio por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), se elaboró con base en las respuestas obtenidas a través de más de 5000 encuestas aplicadas a oficiales de cumplimiento de toda clase de sectores obligados.
Por ejemplo, la mencionada Evaluación Regional reveló que los negocios inmobiliarios, el comercio y la construcción son las actividades con mayor percepción de riesgo frente al LA/FT.
No obstante, también puso sobre la mesa los puntos débiles de los Sarlaft de toda clase de entidades vigiladas.
De acuerdo con la Uiaf, "(...) la elaboración de mapas de riesgo LA/FT y el monitoreo y análisis de las transacciones de los clientes continúan estando entre las acciones que menos implementa el sector privado en la prevención y detección de riesgo LA/FT".
Al revisar con detalle la Evaluación se encuentra que el 49 % de los oficiales de cumplimiento no aplicó medidas de debida diligencia intensificada a transacciones con países de alto riesgo, mientras que el 44 % no llevó a cabo un monitoreo intensificado sobre las PEP.
Así mismo, el 42 % reconoció que no elabora mapas de riesgo, mientras que el 26 % no verificó las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Vale la pena recordar que las listas del Consejo de Seguridad son las únicas listas realmente obligatorias para Colombia.
