Recientemente, el Banco Mundial publicó el libro ‘Personas Expuestas Políticamente. Medidas preventivas para el sector bancario’, un documento que entrega recomendaciones y mejores prácticas para realizar la debida diligencia, el proceso de análisis periódico y la actualización de datos de estos clientes.
Contenido
El libro señala que ‘‘en los últimos 25 años el mundo entero se ha enterado de los atroces abusos de corrupción de Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como de los escandalosos ejemplos de las formas en que saquean los bienes públicos, exigen y aceptan sobornos, y se aprovechan de los sistemas financieros nacionales e internacionales para lavar los bienes robados’’. Con esta cruda –y real– justificación, el Banco Mundial le da inicio a este interesante texto de 134 páginas.
Por otra parte, aclara que el objeto de estudio de la investigación ‘‘incluye individuos que desempeñan o han desempeñado cargos públicos importantes y sus familiares y estrechos colaboradores’’.
‘Personas Expuestas Políticamente. Medidas preventivas para el sector bancario’ se divide en cuatro partes:
- Introducción y normas generales
- Implementación de normas internacionales para PEP por los bancos y autoridades regulatorias
- Papel de las autoridades regulatorias y de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Cooperación nacional, capacitación y recursos
Vamos por partes
La primera parte del libro hace referencia a las normas internacionales de control para las PEP, expone por qué dichas PEP representan riesgos para los programas de cumplimiento y le explica a las entidades cómo utilizar el contenido del texto para administrar el riesgo de lavado de activos.
A su turno, el segundo fragmento recomienda la aplicación del enfoque basado en el riesgo, presenta las diferentes clases de PEP, compara las PEP nacionales con las extranjeras, muestra cuánto tiempo alguien debe ocupar esa categoría y analiza la idoneidad de las bases de datos comerciales y propias.
La tercera parte describe ampliamente cuál es el rol que deben cumplir las autoridades regulatorias y las Unidades de Información Financiera (UIF) en torno a las PEP.
Finalmente, la cuarta parte se refiere a las ventajas que genera la cooperación nacional, así como a la necesidad que tienen las entidades vigiladas de capacitar y entregar recursos a su personal para adelantar el control de las PEP.
Este libro, sin duda, es una pieza útil para que las unidades de cumplimiento de las entidades vigiladas, tanto del sector financiero como del sector real, mejoren sus programas de control en torno a las Personas Expuestas Políticamente.
