La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft).
La evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará a Colombia en 2017 sigue generando ajustes normativos y ahora parece que llegó el turno para el sector cooperativo.
Ayer en la tarde la Superintendencia de Economía Solidaria dio a conocer un proyecto que obligará a las cooperativas de ahorro y crédito y a las demás entidades solidarias con sección de ahorro y crédito a implementar un Sarlaft.
En el documento, consultado por Infolaft, se hacen precisiones acerca de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo que deberán surtir las obligadas para gestionar adecuadamente el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Además, la Supersolidaria propone que las vigiladas deberán considerar como personas expuestas públicamente (PEP) a todas aquellas que ocupen los cargos señalados en el Decreto 1674 de 2016, así como a ‘‘los cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad’’.
Las cooperativas podrán enviar sus comentarios hasta las 5:00PM del jueves 22 de diciembre al correo [email protected]
Para consultar el proyecto de norma haga clic aquí.
