La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que deben gestionar el riesgo de las PEP; sin embargo, la misma ambigüedad de muchas de las normas hace difícil su aplicación. A continuación infolaft entrega una serie de recomendaciones basados en una guía publicada por iniciativa del Banco Mundial y Unodc.

 

Hace algunos años un alto funcionario del Estado ingresó a su banco a hacer un trámite. Cuando la agente comercial que lo atendió le pidió sus datos y los cruzó con la base de datos de la entidad emitió un terrible veredicto: ‘‘no lo puedo atender porque usted está en la lista Clinton’’.

El funcionario se preocupó sobremanera ante la gravedad del hallazgo y pidió verificar la situación. Tras algunos minutos, se hizo claridad de que el funcionario no estaba en la ‘lista Clinton’ sino en la lista de PEP de la entidad. Posteriormente, la junta directiva tuvo que ofrecerle disculpas al indignado funcionario.

Lo que falló en este caso no fue el sistema que hace los cruces: el error estuvo en la agente comercial que, muy seguramente, no tenía mayor capacitación en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y mucho menos estaba preparada para el manejo que se debe dar a los clientes catalogados como PEP.

Según el Gafi, una PEP es aquella persona que ostenta o ha tenido ‘‘una función pública prominente’’ y ‘‘debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas personas políticamente expuestas están en posiciones que potencialmente pueden ser utilizadas indebidamente para cometer lavado de dinero (…) y delitos conexos, como la corrupción y el soborno, así como la realización de actividades relacionadas con financiación del terrorismo’’.

El nivel de riesgo que representan las PEP ha llevado a que el Gafi evalúe por medio de su recomendación 12 los controles que se les aplican en los distintos países. No obstante, el nivel de cumplimiento no es el mejor.

 

Poco cumplimiento de controles sobre las PEP

De acuerdo con el libro Personas expuestas políticamente, medidas para el sector bancario, patrocinado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial y Unodc (Star por su sigla en inglés), ‘‘el panorama actual es uno de fracaso general en términos de la implementación efectiva de normas internacionales para PEP. El cumplimiento de los requisitos para PEP del Gafi es sorprendentemente bajo, especialmente entre miembros del Gafi’’. El texto revela que, de los 124 países evaluados por el Gafi o por sus organismos regionales, el 61% no cumplía la recomendación y solamente el 23% la cumplía parcialmente.

Respecto a Colombia, vale la pena recordar que su calificación respecto a esta recomendación en el Informe de Evaluación Mutua de 2008 fue de parcialmente cumplida. En su momento el entonces Gafisud, ahora Gafilat, expresó que ‘‘no existe normativa específica con respecto de los PEP, para las instituciones supervisadas por la Superintendencia Solidaria y Dian. Solamente a partir de la normativa con vigencia a partir de la vigencia del Sarlaft (01/07/2008) se comienza a realizar el estudio de la vinculación de tal tipo de clientes por una instancia o empleado de jerarquía superior (…)’’.

La observación se superó gracias a la inclusión de controles para las PEP en la Circular Externa 7 de 2008 de la Superintendencia de Economía Solidaria; no obstante, en la Circular 170 de 2002 de la Dian no se hizo referencia alguna a controles más rigurosos para las personas que ostentaran la calidad de PEP. En su momento Gafisud recomendó ‘‘establecer en una norma todo lo relacionado con el tema de las PEP’’.

 

Las dificultades para identificar PEP

El libro señala en uno de sus apartes que cada vez es menos frecuente que las PEP recurran a personas conocidas para canalizar a través de ellas los recursos obtenidos de forma ilícita y se han dedicado a utilizar arreglos corporativos y fiduciarios complejos para ocultar su identidad o su titularidad real.

También agrega que el uso de agentes y abogados expertos en constituir sociedades y de contadores y asesores financieros para manejar los recursos hacen todavía más difícil la identificación de la PEP, algo que se vuelve más complejo si la PEP está radicada en países con legislación débil en materia de prevención de lavado de activos o con bajos niveles de transparencia fiscal.

 

Recomendaciones para manejar PEP

 

No le defina tiempo a las PEP

Según el documento del programa Star, ‘‘los límites de tiempo siempre son artificiales y plantean problemas’’, toda vez que pueden dar una sensación de falsa seguridad por considerar que un cliente ya no representa riesgos. Además, la tarea se dificulta ante el hecho de que una PEP corrupta siga moviendo su dinero ilícito o continúe recibiendo pagos después de dejar el cargo.

En consecuencia, el libro sugiere como mejor práctica que los bancos –y demás entidades– conformen un comité que se reúna regularmente para decidir acerca del riesgo que representa cada uno de los clientes catalogados como PEP que dejaron sus cargos. En dichos comités las decisiones deben ser de carácter unánime.

Otra mejor práctica sería la de comparar de manera frecuente la lista de los clientes con las bases de datos de PEP propias o comerciales. ‘‘Esta práctica asegura que el banco identifique a aquellos clientes que acceden a la condición PEP después de ser aceptados como clientes. Una vez identificados estos clientes son revisados por la alta gerencia, colocados en la lista de clientes PEP y se les aplica DDA [debida diligencia ampliada]’’.

 

Libro Star

 

Aplique el enfoque basado en riesgo

Es poco probable que una PEP corrupta busque adquirir productos financieros básicos destinados a las personas de menores recursos, tales como las tarjetas de crédito de cupos mínimos o los giros de dinero en pequeñas cantidades. Debido a lo anterior, es recomendable que las entidades enfoquen sus esfuerzos en aquellas áreas en las que el riesgo es más alto y no gasten mayores energías en aquellos espacios donde es casi imposible que haya riesgo.

Por otra parte, hay que ser bastante rigurosos en la clasificación de quiénes se consideran PEP, ya que identificar como PEP a todos los funcionarios de un gobierno puede hacer bastante dispendiosa la tarea. Es mejor tener una lista de PEP clara que se sostenga por medio de unas políticas y no un amplio listado de 500 000 PEP que en la práctica es inmanejable.

 

¿Qué hacer con las PEP extranjeras?

Los autores del libro señalan que durante su trabajo investigativo identificaron que muchos de los bancos consultados propusieron a los gobiernos de cada país elaborar y publicar una lista de PEP, lo cual, en concepto de los mismos bancos, dinamizaría el proceso de debida diligencia ampliada y reduciría sus costos. Incluso, algunos pidieron que cualquier entidad multilateral agrupara las listas nacionales y publicara una sola lista mundial.

La dificultad práctica, agregaron los autores, es que una lista global quedaría obsoleta porque en principio no contemplaría los nombres de personas cercanas a las PEP; además, un instrumento de esa magnitud podría generar que ‘‘funcionarios corruptos pueden utilizar la lista para atacar a miembros de la oposición o para suprimir sus propios nombres y los de sus simpatizantes’’.

Por ello, se recomienda que la entidad defina una política acerca de a quiénes considerará PEP extranjeros y cuál será la debida diligencia que les aplicará. Una herramienta útil para identificar a las PEP foráneas son las listas que se han emitido en algunos países, tales como Perú, Chile y México.