Si bien los aportes de origen privado a las campañas políticas son una forma legítima de participar en la democracia, también generan unos compromisos éticos con la ciudadanía que no deben pasarse por alto. ¿Qué debe hacer una empresa que decida apoyar a un aspirante antes, durante y después de las elecciones?
De acuerdo con cifras de Transparencia por Colombia, para las elecciones de Congreso de la República de 2014 más del 70% de los ingresos para las campañas se dieron por aportes de origen privado de los mismos candidatos y de personas naturales y jurídicas simpatizantes.
Además, un total de 558 empresas hicieron aportes a esas campañas al Congreso por medio de donaciones. ‘‘Entre estas empresas se destacan los dos principales medios de comunicación privados del país, empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario y turístico, grupos empresariales –holdings-, empresas del sector financiero y sus fundaciones, sector agroindustrial, farmacéutico y extractivo y empresas que se (sic) hacen infraestructura urbana’’ sostiene un informe de Transparencia por Colombia y la Usaid.
Si bien Transparencia por Colombia reconoce que los aportes de origen privado ‘‘constituyen una forma legítima de participar en la democracia y de expresar libremente las preferencias políticas’’, también señala que ‘‘así como las empresas tienen derecho a participar en el proceso político, los ciudadanos tienen derecho a saber a quienes están apoyando [dichas empresas]’’.
No obstante, el informe de Transparencia por Colombia y la Usaid no se limita a hacer un llamado para que las empresas informen a cuáles candidatos apoyan, sino que entrega doce recomendaciones para que las entidades privadas eviten verse envueltas en eventuales casos de corrupción y fortalezcan su participación en el proceso democrático.
Medidas previas a las campañas
Teniendo claro que gran parte del trabajo en materia de prevención de la corrupción se debe hacer antes de la realización de las elecciones y de entregar los apoyos a las campañas, Transparencia por Colombia y la Usaid hacen varias recomendaciones para esta parte del proceso.
En primer lugar, es adecuado conocer los requerimientos de ley en materia de máximos montos permitidos y de las inhabilidades que se generan por efectuar la financiación. Las empresas también deben tener claro que las normas son distintas para cada tipo de elección, es decir, las leyes para elegir Presidente de la República no son las mismas aplicables para el caso de Congreso o Consejos Municipales.
Además, es necesario que las empresas definan de forma clara su política de aportes a partidos y/o candidatos. De acuerdo con Transparencia por Colombia ‘‘dicha política debe ser clara, lógica, defendible y congruente con los principios éticos de la empresa’’. En este mismo sentido, es ideal que en los programas anticorrupción de la empresa y en los códigos y manuales de gobierno corporativo se incluya este asunto. Incluso es adecuado revisar periódicamente las políticas de manejo de conflicto de intereses.
Por otra parte, se sugiere reglamentar internamente los aportes que las personas naturales vinculadas a la empresa puedan realizar en caso de que exista la ‘prohibición absoluta’ de dichos aportes empresariales. Un ejemplo de ello es imponer normas para las donaciones de los dueños, los principales accionistas, los directivos o miembros del equipo gerencial de la empresa.
Lo que se debería hacer durante las campañas
Cuando una empresa ya ha decidido entregar recursos a un partido político o a un candidato, debería conservar los soportes de las contribuciones (puede ser por medio de acta de donación) en los que quede claro si los aportes se hicieron en efectivo o en especie.
Las medidas de debida diligencia también aplican aquí: es necesario conocer la trayectoria y antecedentes de los candidatos objeto del apoyo, así como el origen de los demás recursos que lo van a financiar. El eventual involucramiento del aspirante con presuntos delincuentes podría generar un riesgo de contagio para la empresa.
De manera proactiva también es bien visto publicar el monto y benefactor de los recursos entregados, así como la política empresarial de autorregulación.
Después de la campaña
Una empresa que apoye a un candidato que resulte elegido no tiene el derecho de pedirle favores o beneficios; sin embargo, sí puede exigirle transparencia en su actuar. Por ello aconsejan a las empresas asegurarse de que los candidatos y organizaciones políticas que apoyaron cumplan fielmente con la rendición de cuentas de sus ingresos y gastos de campaña.
También es útil ‘‘desarrollar programas concretos para luchar contra la corrupción adoptando buenas prácticas, incluir espacios de capacitación para sus empleados y trasladarlo también a las empresas que forman parte de su cadena de valor’’.
Finalmente, según Transparencia por Colombia y Usaid, las empresas deben tener en cuenta que ‘‘la adopción de estas medidas sin duda implica un esfuerzo por cambiar las prácticas tradicionales e incorporar otras nuevas, lo cual puede tomar tiempo y requerir de ajustes en las empresas; así pues, es recomendable decidir por dónde empezar’’.
