Ojalá la reciente cumbre antidrogas de la ONU (Ungass por su sigla en inglés) abra un espacio para que por el camino de la flexibilización de las convenciones globales Colombia pueda lograr autonomía para la formulación de una política antidroga más imaginativa, pero también más realista y eficaz.
Por: Daniel Jiménez
Mediante la Resolución No. 3080 del 18 de abril de 2016 el Ministerio de Defensa Nacional adoptó la estrategia de lucha contra el narcotráfico del sector defensa. Esta Estrategia, precisa la resolución, está enmarcada dentro del plan de guerra Espada de Honor III y dentro de la estrategia contra el crimen organizado, los cuales generan planes para que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecuten operaciones para garantizar la defensa y seguridad nacional, cuyos objetivos son los grupos armados al margen de la ley (Farc y ELN) y las estructuras de crimen organizado.
Como un mecanismo de prevención integral también se propone la anticipación institucional ante la posible desmovilización de las guerrillas Farc y ELN, a efectos de propugnar por una consolidación efectiva por parte del Estado en las que habrán de ser sus otrora regiones de dominio, lo cual buscará evitar “vacíos de poder criminal” que podrían llenar nuevas “(…) organizaciones criminales que entrarían a disputarse las rentas ilícitas producto del narcotráfico, afectando seriamente la tranquilidad de los habitantes y la percepción de la seguridad ciudadana”.
¿Qué dice la estrategia sobre lavado de activos?
La estrategia propone el fortalecimiento de la investigación y judicialización del lavado de activos y de la acción de extinción del derecho de dominio mediante una coordinación entre la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Al efecto, se propone el incremento en la planta de fiscales especializados en lavado de activos y extinción del derecho de dominio, como también la incorporación de personal idóneo para la investigación a la Policía Nacional con los perfiles de administración de empresas, economía, contaduría y comercio exterior.
En el marco de la ley anticontrabando también se buscará implementar el comité anticontrabando que asocie las actividades de contrabando con el lavado de activos, al paso que se buscarán “(…) nuevas visiones para el control de los metales preciosos provenientes del crimen organizado” y nuevas tipologías para el lavado de activos en Colombia.
El robustecimiento de las herramientas y acciones de la Fuerza Pública en materia de prevención, detección e investigación criminal en el ámbito del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, evidentemente habrán de enmarcarse dentro de las funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (Ccicla).
El factor de riesgo jurisdicción y el enfoque en la salud
Un elemento fundamental de la estrategia consiste en el aumento de la coordinación operacional y corresponsabilidad interinstitucional en el territorio a través del establecimiento de los centros estratégicos operacionales integrales contra el narcotráfico (CEO), con el fin de afectar las zonas donde radican cerca del 91% de los cultivos ilícitos en el país, priorizando 57 municipios en 11 departamentos.
Es de destacar que la estrategia reporta, por ejemplo, que en 2014 había 8963 hectáreas sembradas de hoja de coca en Tumaco (Nariño), 4437 hectáreas en Puerto Asís (Putumayo), 2997 hectáreas en Tibú (Norte de Santander) y 517 hectáreas en Istmina (Chocó).
Por otra parte, llama la atención que la estrategia no haga referencia al nuevo enfoque global contra las drogas del Gobierno Nacional en el que se expresa que “se reconocerá que el problema de las drogas es sobre todo un asunto de salud pública’’, lo que supone pasar de la represión al tratamiento, prevención, atención y rehabilitación, conforme fuera expuesto por el Presidente de la República en la instalación de la cumbre antidrogas (Ungass por su sigla en inglés).
Si bien las conclusiones de esta cumbre aun no están disponibles, es de esperar que acoja algunas de las iniciativas colombianas, las cuales –además del enfoque en salu- propugnan por una prevalencia de los derechos humanos (para promover la abolición de la pena de muerte a narcotraficantes, por ejemplo), por la flexibilidad de las convenciones globales (para reconocer la autonomía de los países para la formulación de sus políticas antidrogas, por ejemplo) y por el combate al crimen organizado transnacional (para golpear a las mafias donde más les duele: en sus ganancias).
El enfoque económico
La estrategia también está orientada a promover cadenas productivas sostenibles buscando reemplazar toda la cadena ilícita y no solo la siembra de hoja de coca, con la vinculación de los gremios y del sector privado.
De igual forma, se anuncia la realización de campañas de despliegue internacional con el objetivo de concientizar a los distintos países (productores, de tránsito y de destino), sobre la necesidad de implementar políticas globales o concertadas con el fin de afectar los rendimientos económicos del narcotráfico y lograr reducir la brecha o campos de acción en otros países.
Algunas reflexiones
Visto el anterior escenario en su conjunto, cabe preguntarse: ¿cómo gobierna un alcalde en cuyo municipio hay 8963 hectáreas sembradas con hoja de coca?, ¿cómo ejerce justicia un fiscal allí?, ¿cómo ejerce control político un Concejo Municipal?, ¿cómo se mueve la economía?, ¿cuáles son los principios y valores de sus habitantes?, ¿cómo resuelven su subsistencia?, ¿cómo es su presente y cuál es su futuro?, ¿son hombres y mujeres libres?
En consecuencia, huelga decir que en primer lugar hace bien el Estado colombiano en afrontar la estrategia contra las drogas desde una óptica de defensa nacional. Para nadie es un secreto que las ganancias de las organizaciones criminales les permiten comprar conciencias o contratar sicarios y permear las instituciones legítimas, hasta el punto de que si no se les contiene podrían hacerse con el propio poder ejecutivo central y convertir a Colombia en un Estado fallido. Lejos no hemos estado.
Es verdaderamente lamentable, por otra parte, que la estrategia no afronte con debido énfasis una verdad de a puño: que el narcotráfico antes que un delito es un negocio que genera cientos de miles de millones de pesos en una sociedad carente de excedentes y muy débil en materia de educación, oportunidades y principios morales.
El análisis económico del derecho obliga a decir lo obvio: mientras exista demanda habrá oferta y si las Farc, por ejemplo, abandonan su eslabón en la cadena, necesariamente vendrán otras organizaciones criminales de izquierda, de derecha o simplemente etiquetadas como criminales o terroristas que llenen esos espacios, se lleven las ganancias y se hagan con el correspondiente poder territorial y hablen en su idioma de intimidación.
Basta verlo a nivel urbano: lo que ayer era ‘El cartucho’ hoy es ‘El Bronx’ y mañana será ‘La Plaza de España’ o cualquier otro lugar de venta, consumo y terror a menos de 5 kilómetros del núcleo concéntrico de todas las ramas del poder.
El Estado colombiano, duele decirlo, no cuenta con los instrumentos, ni con los recursos, ni con el apoyo de Naciones Unidas para desyerbar todos los ‘tumacos’ ni para erradicar todos los ‘Bronx”. Ardua y larga tarea resta todavía.
Ojalá la Ungass habrá un espacio para que por el camino de la flexibilización de las convenciones globales Colombia pueda lograr autonomía para la formulación de una política antidroga más imaginativa, pero también más realista y eficaz, y para que este país como dijera hace ya más de 10 años el obispo Camilo Castrillón, de la Diócesis de Tibú, no siga siendo aquel lugar en el que ‘‘se siembra coca y se recogen muertos’’.
