En una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares fueron cobijados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio 16 bienes que nutrían el actuar ilegal del ELN en Arauca. Los bienes están valorados en COP 6.500 millones y estarían en manos de presuntos testaferros de la guerrilla que serían integrantes de familias enteras que prestaban sus nombres para dar apariencia de legalidad a los recursos ilegales.
Según informó la fiscalía, fue necesario el apoyo de un grupo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) provistos de tecnología de punta para ocupar los 16 predios entre rurales y urbanos presuntamente adquiridos con dineros producto del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones cometidas por el ELN, algunos de los cuales eran destinados a actividades comerciales.
Los bienes están ubicados en cinco municipios de los departamentos de Arauca y Risaralda: Saravena, Arauquita y Tame (Arauca), y Pereira y Dosquebradas (Risaralda).
Según la fiscalía, “las labores de inteligencia establecieron que dichos inmuebles, que en su mayoría estaban en arriendo, eran usados por el grupo ilegal como fachada para ocultar el verdadero destino de los dineros recaudados: financiar el actuar ilícito del ELN en el nororiente del país”.
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