Duro golpe a las finanzas del ELN en Arauca

En una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares fueron cobijados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio 16 bienes que nutrían el actuar ilegal del ELN en Arauca. Los bienes están valorados en COP 6.500 millones y estarían en manos de presuntos testaferros de la guerrilla que serían integrantes de familias enteras que prestaban sus nombres para dar apariencia de legalidad a los recursos ilegales. Según informó la fiscalía, fue necesario el apoyo de un grupo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) provistos de tecnología de punta para ocupar los 16 predios entre rurales y urbanos presuntamente adquiridos con dineros producto del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones cometidas por el ELN, algunos de los cuales eran destinados a actividades comerciales. Los bienes están ubicados en cinco municipios de los departamentos de Arauca y Risaralda: Saravena, Arauquita y Tame (Arauca), y Pereira y Dosquebradas (Risaralda). Según la fiscalía, “las labores de inteligencia establecieron que dichos inmuebles, que en su mayoría estaban en arriendo, eran usados por el grupo ilegal como fachada para ocultar el verdadero destino de los dineros recaudados: financiar el actuar ilícito del ELN en el nororiente del país”.  

La Operación Rey

  El origen de la ‘Operación Rey’, como se bautizó la acción interinstitucional que arroja la detección e intervención de estos predios, fue la información recopilada por investigadores de la fiscalía quienes seguían de cerca los pasos de presuntos integrantes del ELN. De esta manera fue como determinaron que varias personas conformaban una red de testaferros para amparar con sus nombres la fachada de legalidad dada a los inmuebles. En la lista de presuntos testaferros del ELN están integrantes activos de la comisión de finanzas del Frente Domingo Laín Sanz de esa guerrilla, Reinaldo Hernández Mahecha, alias ‘Gordo Rey o Gordo Lindo’ y Yarithza Lizarazo, compañera sentimental de ‘El Gordo Rey’. Además, fueron identificados Isidro López Serrano, alias ‘Gavilán’ Elsa Yaneth Guarnizo, alias ‘La Pata’, y Grasisquier Toro Ledesma, alias ‘Toro’. Ellos, según el material probatorio recaudado, eran los responsables de administrar los dineros de extorsión, secuestro, y los homicidios. Estas personas, además, recurrían a familiares quienes estarían encargados de ocultar el proceder ilegal de los bienes, lo mismo que de los recursos con los que los habían conseguido. “Los elementos de juicio permiten evidenciar que los inmuebles que van a ser afectados tienen un vínculo con la comisión de actividades ilícitas”, dijo el fiscal del caso al sustentar la medida cautelar. Entre las pruebas que soportan el actuar de la Fiscalía están las declaraciones entregadas por cerca de media docena de desmovilizados del ELN quienes de manera detallada cuentan cómo los presuntos testaferros explotaban económicamente los inmuebles. A las versiones entregadas por los exguerrilleros se suma el cruce de datos entre distintas entidades del orden local y nacional que lograron establecer cómo los ingresos y el patrimonio de los implicados no les permitían adquirir los predios cobijados con la extinción del derecho de dominio, y por el contrario, sí presentaban incrementos patrimoniales no justificados. Para finalizar, la fiscalía enfatizó que “la importancia de esta acción además de la afectación económica al ELN la constituye que la misma golpea el proceder delictivo de esa organización que en lo corrido de 2019 ha cometido 20 acciones de terror en Arauca. Entre ellas están la voladura tramos de oleoductos, el bloqueo de vías, asesinatos selectivos y extorsiones”.   Lea también: Radiografía de las finanzas de las desmovilizadas Farc