Hace algunas horas se conoció una carta en la que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le advierte al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que en el proceso contratación de proyectos productivos en el marco del posconflicto (relativos a agricultura, apicultura, piscicultura e infraestructura) existen “diversas circunstancias” que amenazan la integridad del mismo.
Según el fiscal, uno de los principales problemas en la adjudicación de estos proyectos es la inobservancia de los principios de la contratación estatal en todas las instancias, en especial el de transparencia, dado que “no existe información de público acceso en las páginas web oficiales destinadas para esos fines”, lo que puede degenerar en el direccionamiento indebido de los contratos.
En paralelo, el Fiscal señaló que la entidad evidenció la existencia de una red de intermediarios, con acceso ilegal a información privilegiada, que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos indebidos materializados en porcentajes sobre el valor de los mismos.
Por último, Martínez puntualizó que las interventorías encargadas de la vigilancia de estos contratos, en ocasiones, son seleccionadas por los mismos intervinientes para eludir los controles debidos en la gestión contractual.
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