Parte 1. Los funcionarios que marcarán la agenda de cumplimiento

El nombramiento de Lara Restrepo combina tres elementos fundamentales para el nuevo Gobierno: experiencia en el Ejecutivo, conocimiento del Congreso y trayectoria en la lucha contra la corrupción.

Lara ya había pasado por el Ministerio del Interior y de Justicia en 2003, cuando se desempeñó como director de Ordenamiento Territorial. Tres años después dirigió el Programa Presidencial de Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, hoy en día Secretaría de Transparencia. Desde allí impulsó iniciativas como Cuentos legales, orientada a promover una cultura de transparencia entre niños y jóvenes, y participó en las acciones adelantadas frente a hechos de corrupción en Cajanal, entonces en liquidación.

A esta experiencia se suman más de doce años en el Congreso de la República, en representación de Cambio Radical, durante los cuales conoció de cerca las dinámicas legislativas y la relación entre el Gobierno y los partidos. Abogado de formación, cursó además una maestría en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia.

Esa combinación de experiencia política, legislativa y en asuntos de transparencia será especialmente relevante para un Gobierno que inicia sin mayorías en el Congreso. Desde el Ministerio del Interior, Lara tendrá la tarea de tramitar la agenda gubernamental y construir los apoyos necesarios, en un escenario que pondrá a prueba la promesa de Abelardo de la Espriella de relacionarse con los partidos de manera transparente y sin recurrir a la distribución de cargos para asegurar respaldo político.

Foto: Universidad Externado de Colombia

Iván Cancino llega al Ministerio de Justicia con una amplia trayectoria en derecho penal, que comprende tanto su ejercicio como abogado defensor en procesos mediáticos como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Este recorrido le ha permitido conocer, de primera mano, los desafíos que enfrenta la investigación y judicialización de las conductas tipificadas en el Código Penal.

Esa experiencia será relevante en dos instancias clave para el diseño de la política criminal y la lucha contra las finanzas ilícitas. La primera es el Consejo Superior de Política Criminal, encargado de asesorar al Gobierno en la formulación de la política criminal y evaluar las iniciativas con incidencia en los sistemas penal y penitenciario. La segunda es la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), presidida por el ministro de Justicia, desde donde podrá contribuir a fortalecer las estrategias para investigar y judicializar el lavado de activos y sus delitos fuente.

A estas responsabilidades se suman dos promesas del nuevo Gobierno en materia penitenciaria: la construcción de megacárceles y el combate a la corrupción en los centros de reclusión. Cancino tendrá, por tanto, el desafío de trasladar su conocimiento práctico del sistema penal al diseño de políticas públicas capaces de mejorar la persecución del delito y enfrentar las deficiencias del sistema penitenciario.

Foto: Presidencia de la República de Colombia / Wikimedia Commons

La trayectoria de Miguel Gómez Martínez combina experiencia en los sectores público y privado. Fue presidente de Asocolflores entre 1996 y 1998 y de Bancóldex entre 1998 y 2002. Posteriormente, fue embajador de Colombia en Francia, dirigió AmCham Colombia, ocupó una curul en la Cámara de Representantes y, entre 2020 y 2022, presidió Fasecolda.

Su nombramiento tiene especial relevancia para el sistema ALA/CFT, pues el sector Hacienda concentra algunas de las entidades con mayores responsabilidades en la prevención y detección de flujos ilícitos: la UIAF, unidad de inteligencia financiera del país (cuyo director es designado por el presidente de la República, no por el ministro, aunque la unidad está adscrita a su cartera); la Superintendencia Financiera, responsable de supervisar el sistema financiero; la DIAN, con competencias tributarias y aduaneras; y la SAE, encargada de administrar los activos afectados por procesos de extinción de dominio. A ello se suma la participación del ministro en la CCICLA.

Esta posición otorga a Gómez un papel que trasciende la conducción de la política fiscal. Desde Hacienda tendrá incidencia en la articulación de varias de las instituciones que integran el sistema ALA/CFT, una responsabilidad que cobra especial importancia de cara a la próxima evaluación de Colombia por parte de GAFILAT.

Foto: Revista Congreso de la República

Omar Bula Escobar aporta al gabinete una trayectoria de más de veinte años en diplomacia y organismos multilaterales. Ha trabajado con Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos en países de América Latina, África, Europa y Medio Oriente, y ha participado en misiones relacionadas con crisis humanitarias y escenarios de conflicto.

Su experiencia será relevante para uno de los componentes esenciales de la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos: la cooperación internacional. La Cancillería tendrá un papel central en la relación con los principales socios de Colombia y en la articulación diplomática de asuntos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y los flujos financieros ilícitos.

Estados Unidos ya anunció su intención de otorgar a Colombia un paquete de ayuda por 1.000 millones de dólares, enfocado en seguridad y cooperación bilateral, tras la posesión de Abelardo de la Espriella. La gestión de Bula será clave para traducir este nuevo escenario de cooperación en acciones concretas contra el crimen organizado y sus finanzas.

Foto: Presidencia de la República de Colombia / Wikimedia Commons

El mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López cuenta con más de 36 años de experiencia en seguridad y defensa. Durante su carrera ocupó cargos relacionados con inteligencia y amenazas transnacionales y comandó la Brigada Especial contra el Narcotráfico.

Esta trayectoria será relevante para la estrategia del nuevo Gobierno contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, pero también para la persecución de sus recursos. Dentro de la Policía Nacional existen capacidades diferenciadas para este propósito. Por una parte, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) combate el contrabando y otras economías ilícitas que afectan el orden económico. Por otra, las áreas de inteligencia e investigación criminal desarrollan acciones dirigidas a identificar y afectar las finanzas ilícitas y el lavado de activos de las estructuras criminales.

A estas capacidades se suma la cooperación a través de INTERPOL y de herramientas como la Notificación Plateada, creada para facilitar el intercambio de información entre países con el fin de localizar e identificar activos de origen ilícito. Estos instrumentos serán especialmente relevantes para una política de seguridad que busca no solo perseguir a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también afectar sus estructuras financieras y patrimoniales.

Luisgocol / Wikimedia Commons. Licencia CC BY-SA 4.0

Abogada santandereana con especialización en derecho público y en ciencias penales y criminológicas. Se ha desempeñado como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y como funcionaria de la Fiscalía General de la Nación.

La nueva directora tendrá tres frentes fundamentales que atender. En primer lugar, deberá gestionar el levantamiento de la suspensión de Colombia en el Grupo Egmont, restableciendo la cooperación e intercambio de información de inteligencia financiera con las demás unidades del grupo. En segundo lugar, tendrá a su cargo la coordinación interinstitucional para la preparación de la quinta ronda de evaluación mutua del GAFILAT, que examinará el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema ALA/CFT del Estado colombiano en su conjunto. En tercer lugar, deberá fortalecer los resultados operativos de la Unidad, con especial énfasis en la calidad y el valor agregado de los informes de inteligencia remitidos a la Fiscalía General de la Nación, cuya productividad —según el último informe de gestión publicado en el sitio web de la entidad— no habría derivado en resultados efectivos en materia de lavado de activos.

Abogada con una amplia trayectoria en los sectores público y privado. En el ámbito privado ha ejercido durante más de once años en la firma De la Espriella Lawyers. En el sector público se destaca una carrera de más de ocho años en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a la dirección seccional de fiscalías, tras desempeñarse como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito.

Aún no se conoce la política de administración de bienes que adoptará el nuevo gobierno frente a los activos en proceso de extinción de dominio y extintos. Está por definirse si mantendrá el modelo de uso social de los bienes, impulsado por la administración anterior, o si retomará un esquema de administración con enfoque comercial, orientado a la generación de recursos líquidos destinados a las entidades beneficiarias del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.

Por ahora, varios alcaldes de las zonas afectadas por el terremoto han manifestado su interés en recibir inmuebles incautados para la reubicación transitoria de las familias que perdieron su vivienda.

Otro tema que se viene anunciando es la reforma al Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014, modificada por la Ley 1849 de 2017). Aunque aún no se conocen sus términos, todo indica que la administración de activos será uno de los ejes centrales de dicha reforma.

Foto: sitio web dianabravo.com.co

Abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en legislación financiera y maestría en derecho privado de la misma universidad. Cuenta con experiencia previa en la Superintendencia Financiera de Colombia, donde estuvo vinculado entre 2013 y 2017 y ocupó la Dirección Legal para Intermediarios Financieros, en asuntos de supervisión y prevención del ejercicio ilegal de actividades financieras. Su carrera combina el sector público colombiano con una trayectoria internacional, y se ha enfocado en la regulación financiera y la innovación tecnológica, con estudios sobre activos digitales y una publicación sobre bitcoin, soberanía monetaria y supervisión por riesgos.

En materia de cumplimiento, el SARLAFT del sector financiero es el régimen más robusto en nuestro país, por lo que su reto se sitúa menos en la implementación y más en la actualización del sistema frente a los riesgos emergentes de un mercado cada vez más interconectado: la supervisión LA/FT de los activos virtuales, el desarrollo de las finanzas abiertas y la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de negocio, frentes en los que la debida diligencia y el monitoreo deberán adaptarse a canales y productos que evolucionan con rapidez.

Foto: Cortesía Caracol Radio / Vía Valora Analitik (valoraanalitik.com)

Abogada de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Barcelona. Ha dedicado buena parte de su carrera profesional a la Cámara de Comercio de Cartagena, donde estuvo cerca de veintitrés años en distintos cargos, el último de ellos como directora de servicios registrales, arbitrales y de conciliación. Posteriormente, trabajó durante siete años en la firma De la Espriella Lawyers, en asuntos de arbitraje y conciliación.

A través de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, la Superintendencia tendrá la responsabilidad de supervisar la implementación del Capítulo IX de la Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026. Este capítulo unifica en un solo régimen el SAGRILAFT y el PTEE bajo el denominado Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, aplicable al ecosistema de cumplimiento del sector real. Por ahora se desconoce si habrá ajustes a la circular expedida recientemente y al Informe 75 que deben presentar los sujetos supervisados anualmente. Entretanto, el sector real avanza en su proceso de alistamiento y preparación para la adopción del nuevo Sistema.

Un frente adicional que tendrá la Superintendencia será evaluar los resultados que arrojó la cuarta ronda de evaluación mutua del GAFILAT respecto del sector real. Los evaluadores advirtieron que la comprensión del riesgo y la cultura de reporte eran más débiles en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) que en el sector financiero. Conocer con precisión ese desempeño resulta clave para que la Delegatura pueda orientar el proceso de alistamiento de cara a la quinta ronda, que llega con una metodología centrada ya no en el cumplimiento formal de la norma, sino en la implementación efectiva del enfoque basado en riesgo.

Fuente: Universidad Tecnológica de Bolívar (utb.edu.co/profesores/julia-eva-pretelt-vargas)

Abogada con especializaciones en derecho público y en ciencias penales y criminológicas, y más de veinticuatro años de experiencia en el servicio público. Ha ocupado cargos en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. En 2016 fue magistrada en provisionalidad de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Como máxima autoridad en protección de datos, uno de sus principales retos será dar claridad jurídica sobre la consulta de listas y bases de datos para prevenir el LA/FT. Tras la sanción ratificada mediante la Resolución 39701 de 2025 contra un proveedor de listas, la SIC desechó el argumento de que el literal b) del artículo 2.° de la Ley 1581 de 2012 exceptúa del régimen de datos personales a las bases destinadas a prevenir el LA/FT, y sostuvo que los particulares no estarían facultados, en principio, para hacerlo.

Como ha advertido el Presidente de Infolaft, Alberto Lozano Vila, esa interpretación expone a los oficiales de cumplimiento a un riesgo de sanción y choca con la operación misma del cumplimiento. La SIC tendrá, así, la tarea de armonizar el régimen de protección de datos con las obligaciones del sistema de prevención del LA/FT.

Fuente: @MincomercioCo (X)

Abogada sucreña egresada de la Universidad Sergio Arboleda, con posgrados en derecho comercial y procesal civil y más de veinticinco años de trayectoria. Su experiencia se ha concentrado en la asesoría jurídica y la prevención de riesgos legales en proyectos de infraestructura y obras civiles, además de haber ocupado cargos jurídicos en la Universidad y Gobernación de Sucre.

En materia de cumplimiento, uno de sus principales retos será consolidar la aplicación del SARLAFT en el sector, conforme a la Resolución 4607 y la Circular Externa 20265330000054 de 2026, que establecen obligaciones diferenciadas según el nivel de ingresos de los sujetos vigilados: mientras unos deben adoptar el sistema completo, otros están sujetos al Régimen de Medidas Simplificadas. Entre las tipologías y señales de alerta del transporte de carga se encuentran el traslado de mercancías que no corresponden con la actividad económica de la contraparte, los cambios injustificados en la carga o el destino y los pagos que no guardan relación con su perfil financiero o transaccional.

Fuente: @360RadioCo (X)