Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Falta de regulación a actividades no financieras y problemas en la identificación de beneficiarios finales preocupan al organismo internacional.   La publicación del informe de evaluación del sistema mexicano contra el LA/FT es de la mayor importancia para Colombia. En primer lugar, México y Colombia son actores relevantes en el continente en lo que se refiere a la lucha contra el lavado de activos. En segundo término, ambos fueron evaluados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) -fueron los únicos examinados por esta entidad en la cuarta ronda de evaluaciones- y juntos enfrentan serios problemas de narcotráfico. Por otra parte, las regulaciones dirigidas a las actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd) son muy recientes: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor en 2013, mientras que la Circular Externa 304 de la Supersociedades –la primera que obligó al sector real a prevenir el LA/FT– apenas se expidió en 2014. También le puede interesar: lo que debe saber de la ley mexicana contra el LA/FT Debido a todo lo anterior es importante que tanto autoridades como oficiales de cumplimiento de Colombia revisen con lupa las observaciones que le hacen a México, las similitudes de los sistemas son evidentes y también podrian serlo -eventualmente- las observaciones. Es importante recordar que se prevé que el informe de evaluación de Colombia sea publicado en julio de 2018.  

Los llamados de atención del Gafi

A raíz de los resultados obtenidos, México quedó en un proceso de seguimiento intensificado por parte del Gafi. El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo señaló que México “debe intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos”. Dentro del informe se lee que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “funciona bien y está produciendo una buena inteligencia financiera”; no obstante, el Gafi cuestiona que “esta inteligencia financiera a menudo no lleva a investigaciones de lavado de dinero, crímenes subyacentes y financiamiento del terrorismo”. Es decir, habría cierta desconexión entre la UIF mexicana y las autoridades judiciales. Así mismo, el Gafi asegura que “la supervisión de negocios y profesiones no financieras designadas no está muy desarrollada y cuenta con recursos insuficientes”, al tiempo que dicho sector produce “un bajo nivel de informes de transacciones sospechosas”. También le puede interesar: los sectores con mayor riesgo de lavado de activos en México De hecho, la recomendación 23 que hace referencia a otras medidas dirigidas a las Apnfd obtuvo calificación de no cumplida dentro del informe. En cuanto a la supervisión, el organismo internacional observa que “las autoridades mexicanas no han aplicado sanciones reglamentarias de manera efectiva, proporcionada y disuasoria en todos los sectores”. Hablando ya del aspecto judicial las cosas no son mejores. De acuerdo con el Gafi, “a pesar de que las autoridades mexicanas realizaron recientemente algunas investigaciones de alto perfil, no están investigando y procesando el lavado de dinero de manera proactiva y sistemática, sino más bien de manera reactiva, caso por caso”. En lo referente a beneficiarios finales, el Gafi señala que “están siendo identificados solo de forma limitada, sopesando sistemáticamente la efectividad de las entidades en la evaluación y gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”. Luego de la publicación del informe, la Secretaría de Hacienda de México calificó las observaciones como "áreas de oportunidad" y expresó su "compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas" y para "continuiar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables".