El día de ayer se conoció que la constructora Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad (de reconocimiento de responsabilidad y compromiso de reparación) con dos autoridades estatales: la Abogacía General de la Unión (AGU), que es la agencia de defensa judicial del estado, y la Contraloría General de la Unión (CGU), máxima autoridad para la defensa del patrimonio público. De acuerdo con el compromiso, la empresa deberá devolver BRL 2.700 millones equivalentes a USD 700 millones dentro de los próximos 22 años.
Del total de los recursos que deberá devolver Odebrecht, casi el 50% corresponden a las utilidades ilícitas percibidas de contratos obtenidos de forma fraudulenta, alrededor del 30% equivalen a los sobornos entregados a funcionarios públicos y el 20% restante se imponen a título de multa.
Con este pago, además de reparar los daños y perjuicios causados por los actos de soborno transnacional, la empresa garantiza recibir un aval que le permitirá volver a participar en procesos de contratación pública.
Este es el segundo acuerdo de lenidad que firma Odebrecht con autoridades brasileras; el primero fue suscrito con el Ministerio Público Federal en diciembre de 2016 e implicó el pago de BRL 6.960 millones (USD 2.047 millones) a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para reparar los actos ilícitos de soborno llevados a cabo en esas jurisdicciones.
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