Prospectiva 2014

 

• Aprobación de (vinculación) por parte de la alta gerencia.
• Establecer el origen de la riqueza y la fuente de los fondos.
• Monitoreo intensificado de la relación comercial.

 

Ante la cercanía de las elecciones, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Circular Externa 18 de 2013 a través de la cual obligó a sus vigilados a reportar la información de las cuentas y productos que tengan con campañas y partidos políticos.

 

Definición sanción a Superfinanciero

El 28 de noviembre de 2013 el procurador general Alejandro Ordoñez destituyó e inhabilitó al superintendente financiero, Gerardo Hernández Correa, para ejercer cargos públicos por un período de doce años debido a que, según el Ministerio Público, ‘‘(…) no fue adoptada ninguna medida preventiva tendiente a proteger a los inversionistas [de Interbolsa], y en particular las consagradas en el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, con el fin de evitar daños de mayor envergadura o que nuevos inversionistas incurrieran en la operación sobre acciones manipuladas que ya era de amplio conocimiento para la Superintendencia Financiera, bajo el pretexto de que debía estar más consolidada la investigación y que no existían antecedentes al respecto, lo que desconoció la esencia y oportunidad que supone la función preventiva que ha asignado la Constitución y la ley tanto al Superintendente Financiero como a sus Instancias asesoras’’.

Por su parte, Hernández Correa presentó recurso de reposición el 18 de diciembre, el cual, según informó la Superintendencia Financiera a través de un comunicado de prensa ‘‘tiene por objeto que se revoque dicha decisión y se le absuelva de los cargos disciplinarios’’.

Vale la pena recordar que el fallo de la Procuraduría se fundamenta en que luego de una reunión realizada en el despacho del Superintendente Financiero el 18 de julio de 2012, dicho funcionario habría tenido acceso a información que le indicaría la manipulación de la acción de Fabricato, tras lo cual debió suspender la negociación de la acción y presentar una denuncia penal por una posible manipulación.

De acuerdo con la reposición presentada por Hernández, ‘‘(…) para la fecha de la citada reunión no había elementos suficientes para que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 6 del decreto ley 964 de 2005, existiera temor fundado que hubiera motivado la suspensión de la acción de Fabricato. En la citada reunión se presentó a consideración del Superintendente información no concluyente en una investigación que adelantaba en ese momento la Dirección de Conductas tendiente a determinar la posible manipulación de la acción de Fabricato, información que no era técnicamente contundente, como se probó en su momento y se reitera en el recurso presentado, para ordenar su suspensión’’.

Al cierre de esta edición el recurso de reposición contra el fallo de destitución e inhabilidad estaba siendo revisado por el Procurador General.

 

¿Nuevos sectores obligados en Colombia?

De acuerdo con el informe de gestión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) correspondiente al período agosto 2012 – octubre 2013, para el próximo año se prevé que se incluyan como sectores reportantes a los siguientes:

 

• Transporte de carga aérea
• Transporte de carga marítima
• Revisores fiscales
• Minería
• Hidrocarburos
• Agencia Nacional de Infraestructura
• Operadores celulares
• Información catastral
• Seguridad social

 

Si bien esta proyección se encuentra publicada en un documento oficial, habrá que esperar la concreción de dichas regulaciones toda vez que es complejo que en un solo año se emitan las normas obligatorias para nueve sectores distintos.

 

Futuro de la política antidrogas

Luego de la legalización de la producción y comercialización de marihuana en Uruguay, y de la misma medida en los estados de Colorado y Washington en EE.UU., pareciera que poco a poco el mundo comienza a contemplar seriamente que es perentorio acabar con la política prohibicionista y dar paso a nuevas estrategias para luchar contra las drogas, al menos contra algunas de ellas.

Respecto a Colombia, vale la pena recordar que –de acuerdo con un informe de la Presidencia de la República–, en marzo de 2012 el actual jefe de estado, Juan Manuel Santos, refiriéndose a un eventual cambio en la actual estrategia, señaló que es “bienvenida la discusión. El discutirlo no tiene nada que ver con comprometerse con un resultado. Pero discutir sí es necesario porque estamos en la obligación, como país y como ciudadanos del mundo, de analizar este problema”. En su momento, Santos añadió que se debe debatir ‘‘si lo que estamos haciendo es lo máximo que podemos hacer, si estamos logrando los resultados que todos queremos, o si hay alternativas que puedan darnos más instrumentos para que el resultado final sea el mejor posible para la humanidad”.

Por su parte, en diciembre de 2012 el Ministerio de Justicia y del Derecho creó la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, la cual debe presentar un informe al Gobierno Nacional con recomendaciones y análisis para la implementación de una nueva política de lucha contra las drogas.

¿En qué consistirá la posible nueva política antidrogas de Colombia, más aún con un proceso de paz andando y en el que el problema del narcotráfico es uno de los puntos clave? Quizá en este 2014 se tenga la respuesta.

 

Decretos reglamentarios Ley de Inteligencia

Luego de la disputa que durante todo el 2013 sostuvieron la Contraloría General de la República y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) por una solicitud de información que el ente de control le hizo a la Unidad, y en medio de la cual se aprobó la Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia, la cual incluyó a la Uiaf en la Junta de Inteligencia Conjunta del Estado colombiano, se prevé la emisión de decretos reglamentarios que despejen varias dudas.

Uno de los interrogantes gira en torno hacia quiénes irá la información que recaude la Uiaf, toda vez que la ley en mención modificó el inciso 4 del artículo 9 de la Ley 526 de 1999 de la siguiente manera: ‘‘la información que recaude la Uiaf en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis estará sujeta a reserva, salvo que medie solicitud de las fiscalías con expresas funciones legales para investigar lavado de activos o sus delitos fuente, financiación del terrorismo y/o legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, quienes deberán mantener la reserva aquí prevista”. Es decir, ¿dicha Unidad no podrá entregar información relevante para el ejercicio de las funciones que le ha entregado la ley a otras autoridades, tales como los órganos de control (Procuraduría, Contraloría y la propia Superintendencia Financiera)?

Por otra parte, se debe definir si esa reserva de la información que la Uiaf “produzca como resultado de su análisis” incluye los estudios sobre tipologías o, por el contrario, estos solamente podrán ser entregados a las ‘‘fiscalías con expresas funciones legales para investigar lavado de activos o sus delitos fuente (…)’’.

 

Nueva Ccicla

En entrevista realizada con infolaft en julio de 2013 el director de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, Julián Wilches Guzmán, anticipó que se estudian modificaciones a la Comisión de Coordinación Interinstitucional de lucha Contra el Lavado de Activos (Ccicla).

De acuerdo con el funcionario, se evalúa la posibilidad de realizar cambios que garanticen que los comités técnicos sean operativos para así generar unos análisis y recomendaciones puntuales a la Ccicla, la cual tiene un nivel más alto. También se contempla la creación de un comité contra la financiación del terrorismo, el cual estaría conformado por los Ministerios de Hacienda, Justicia y Defensa, la Fiscalía, la Uiaf, y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Adicionalmente, en julio de 2013 se aprobó un proyecto de decreto reglamentario que crea al interior de la Ccicla un comité de alto nivel para coordinar la política pública de lucha contra el  contrabando.

Estas propuestas de modificación deben ser avaladas por el Presidente de la República a través de un decreto, el cual se espera sea expedido en el primer trimestre de 2014.

 

¿Por fin la paz?

Tras más de un año de negociaciones con las Farc en la Habana, Cuba, el Gobierno espera que en el 2014 se firme la paz con esa agrupación armada al margen de la ley.

Si bien sobre los avances hay un tolerable hermetismo, ha transcendido que hay acuerdos parciales en dos de los cinco puntos de negociación, a saber: política de desarrollo rural y participación en política. Los restantes puntos son: fin del conflicto armado, narcotráfico y reconocimiento y reparación de las víctimas.

A través de un comunicado de la Presidencia de la República fechado el 20 de diciembre de 2013, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, afirmó que los avances son ‘‘importantes y esperanzadores’’, aunque reconoció que ‘‘habríamos querido mayores resultados, pero avanzamos’’.

Según el comunicado, de la Calle destacó que ‘‘de lograrse un acuerdo sobre todos los puntos de la agenda, la esperanza de una paz cierta y real, palpable y duradera, podrá convertirse en una certeza y ese será el camino que permitirá pasar del conflicto a la reconciliación. La paz es posible, preparémonos para la paz”.

Habrá que estar muy atentos a las decisiones que se tomen alrededor de los dineros de las Farc y la forma cómo posiblemente se pondrán a circular en la economía nacional.

 

Internacional

¿Habrá más grandes sanciones en EE.UU.?

Cuando se creía que la multa que varias autoridades de EE.UU. emitieron contra Hsbc en diciembre de 2012 iba a ser por mucho tiempo la sanción más alta contra una entidad financiera por incumplir las normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el 7 de enero de 2014 se conoció que el JP Morgan Chase Bank deberá pagar cerca de U$2050 millones de dólares por no contar con un adecuado programa de cumplimiento y no reportar las operaciones sospechosas que en su momento hizo Bernard L. Madoff.

Vale la pena recordar que el 12 de junio de 2012 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) multó a ING con el pago de U$619 millones de dólares por realizar miles de transacciones que permitieron ‘enrutar’ dinero hacia Estados Unidos desde Cuba, Irán, Libia, Sudán y Birmania.

Estos antecedentes, sumados a las investigaciones que actualmente se adelantan contra grandes entidades financieras por aparentes deficiencias en los sistemas de prevención LA/FT, hacen prever que en este 2014 habrá nuevas y millonarias sanciones.

 

Arrancan evaluaciones de Gafisud

Hacia finales de 2014 iniciará la cuarta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Este nuevo período de calificación de los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de los países miembros iniciará con Cuba, el cual ingresó al organismo regional tras la plenaria de diciembre de 2012.

Infolaft ha podido establecer que enseguida de Cuba serán evaluados Costa rica, Honduras, Guatemala y Panamá. Respecto a Colombia, Jorge Humberto Galeano, superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superfinanciera, anticipó en entrevista exclusiva que la evaluación tendrá lugar en 2017.

El inicio de la cuarta ronda permitirá identificar cómo se evaluará el cumplimiento efectivo de las recomendaciones y cuáles serán los puntos más vulnerables en cuanto al LA/FT.

 

Lucha contra el narcotráfico en México

Desde que en 2006 el entonces presidente de México Felipe Calderón decidió enfrentar militarmente a los cárteles de la droga ese país vive cruentos episodios de violencia, entre los cuales se cuentan asesinatos masivos, atentados, secuestros y amenazas de toda clase contra dirigentes políticos y periodistas.

Quizá por ello el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, quien ocupa la jefatura de Estado desde diciembre de 2012, decidió que para combatir a los grupos delincuenciales no solamente se los debe perseguir con las armas, sino que es necesario ‘‘reconstruir el tejido social’’.

De acuerdo con la ‘Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia’ del gobierno mexicano, ‘‘la prevención es la ruta más eficiente y eficaz para mejorar nuestro entorno social, así como disminuir la violencia y la delincuencia en el país. (…) Con tal propósito, el Gobierno de la República ha creado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El objetivo de este Programa es disminuir los factores de riesgo y revertir las condiciones sociales, económicas y culturales que propician la violencia y el delito. El Programa tiene un enfoque integral y focalizado, porque define acciones inmediatas para los municipios y las zonas más vulnerables’’.  A pesar de lo anterior, por ahora es muy temprano para evaluar los resultados de esta nueva directriz.

El tema de la seguridad y el tráfico de drogas en México es de vital importancia para la lucha contra el LA/FT en Colombia, toda vez que muchos de los grupos narcotraficantes colombianos guardan una estrecha relación con dicho país.