El año que terminó será recordado como uno de los más fuertes en lo relacionado con la prevención y el castigo de la corrupción, el LA/FT y otras modalidades delictivas. El Congreso aprobó el estatuto anticorrupción y la ley de seguridad, además, se presentaron destituciones y condenas contra varios funcionarios. La retrospectiva de InfoLAFT busca con su análisis, evitar que se repitan los errores del año que pasó.
El personaje del año: OFAC
Como ha sido habitual, InfoLAFT escoge al personaje del año, basado en la lucha contra el LA/FT. Este año la elegida fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), ya que sus designaciones sirvieron para intensificar los operativos de búsqueda de varias personas señaladas de lavar activos.
Quizá el caso más sonado fue la inclusión en su lista del clan de los hermanos Cifuentes Villa y su red de empresas, que a la postre sirvió para la detención de Dolly de Jesús Cifuentes, acusada de ser la persona encargada de adelantar las tareas de blanqueo de dinero de la organización criminal. Además, el Director de OFAC, Adam Szubin, indicó en marzo pasado que el trabajo de su oficina sirvió también para que Jorge Milton Cifuentes – principal cabecilla del grupo – ‘‘no siga haciéndose pasar como un hombre de negocios legítimo, mientras le suministra cocaína al Cartel de Sinaloa’’.
Además, las designaciones de la Oficina se ampliaron a más países. En 2011 incluyó a miembros del gobierno venezolano que tendrían presuntos vínculos con las FARC, a varios integrantes de un grupo colombo-libanés que traficaría con drogas y lava activos, así como a individuos que tendrían relaciones con el ‘Cartel de Sinaloa’, el ‘Cartel de los Gueros’ y el grupo criminal de los ‘Avendaño Ojeda’, en clara muestra de que su plan de combate contra los dineros provenientes de actividades ilícitas es muy amplio y no conoce fronteras.
La OFAC fue creada formalmente en 1950, luego de que el Presidente Truman decidiera bloquear todos los activos chinos y norcoreanos en medio de la guerra de las dos Coreas. Desde entonces el listado ha ido evolucionando y en la actualidad reseña a narcotraficantes y personas naturales o jurídicas señaladas de blanqueo de capitales.
Casos Principales
Los procesos contra funcionarios, tanto en la Procuraduría como en fiscalías y juzgados, acapararon gran parte de la atención del país. A continuación, InfoLAFT presenta lo qué ocurrió con varios de los casos más sonados:
‘Carrusel de la contratación’
El Procurador General, Alejandro Ordoñez, inhabilitó en enero al Contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, y al exrepresentante German Olano, para ejercer cargos públicos por períodos de 20 y 12 años, respectivamente. El ‘carrusel’ se dio a conocer cuando Caracol Radio reveló al aire unas grabaciones que los involucraban en la exigencia de dádivas a los miembros del Grupo Nule a cambio de otorgarles y mantenerles contratos.
Otro de los funcionarios destituidos fue el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por la supuesta omisión en el control de las ejecuciones de los contratos de la fase III de Transmilenio otorgados a los Nule. Actualmente se encuentra privado de la libertad y enfrenta un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y cohecho.
Por su parte, Manuel, Miguel y Guido Nule, además de su socio Mauricio Galofre, enfrentaron un juicio por peculado, producto del cual fueron condenados a 90 meses de cárcel, después de que la Fiscalía General de la Nación lograra demostrar que se apropiaron de una suma superior a 66 mil millones de pesos por concepto de anticipos. Sin embargo, el ente acusador también los investiga por los delitos de concusión, fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad en documento.
Agro Ingreso Seguro
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, por su presunta responsabilidad en el otorgamiento irregular de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Según información publicada por el diario El Espectador, el Ministerio Público indicó en su providencia que el entonces funcionario excedió los límites de gastos del programa para el año 2008 y, además, participó en la celebración de convenios especiales de cooperación científica y tecnológica, sin adelantar estudios previos.
Penalmente es acusado de los delitos de peculado por apropiación de terceros y firma de contratos sin requisitos legales. La audiencia preparatoria de juicio está programada para este mes de enero.
Corrupción en el sector salud
El Gobierno Nacional denunció en el mes de mayo que funcionarios del Ministerio de Protección Social, del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), de algunas EPS y varios particulares, estarían involucrados en un multimillonario desfalco al sector de la salud por medio de recobros a los que no había lugar, usando empresas fachada.
Según informó el Ejecutivo en su momento, desde hace aproximadamente cinco años la red se apoderaba del dinero, por medio de autorizaciones irregulares de pagos que estaban retenidos a las EPS, sobrecostos en medicamentos y la entrega de supuestos beneficios a personas que estaban fallecidas, entre otros métodos.
Durante el pasado mes de diciembre se instaló la audiencia de juicio oral contra cinco presuntos implicados, entre los que está una excoordinadora de recobros de medicamentos del Ministerio de Protección Social y el jefe de las bases de datos de la misma entidad; un asesor externo de EPS en materia de recobros, un exsubgerente de cartera de Sanitas y un trabajador particular.
Devoluciones irregulares del IVA en la DIAN
A mediados de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos denunció que algunos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estarían involucrados en devoluciones fraudulentas del IVA, luego de la detección del aumento inusitado de estos reembolsos, los cuales se cuadruplicaron en un breve lapso.
El Jefe de Estado también agregó que el monto habría superado el billón de pesos y que había sido muy complejo descubrir el caso porque los encargados de hacer una investigación previa habían sido sobornados con 1.400 millones de pesos.
Las personas que estarían involucradas en el ilícito son investigadas por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir.
OFAC incluye en su lista al clan Cifuentes Villa.
En el mes de febrero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) hizo una de las más grandes designaciones de las que se tenga registro. Esta vez los protagonistas fueron Jorge Milton, Hildebrando Alexander y Dolly de Jesús Cifuentes Villa, además de varias personas y empresas que según esa autoridad americana pertenecerían a una red de tráfico de drogas y lavado de dinero en Colombia y otros países de la región.
La inclusión en el listado de los hermanos Cifuentes Villa – quienes también tendrían nexos con ‘el chapo’ Guzmán – sirvió para que Interpol emitiera una circular roja y se intensificaran los operativos de búsqueda.
Los resultados se comenzaron a ver en agosto, cuando las autoridades capturaron a Dolly de Jesús Cifuentes, la persona acusada de lavar el dinero del clan, liderado por sus hermanos Jorge Milton e Hildebrando. La detención tuvo lugar en Medellín y se convirtió en un duro golpe para la organización criminal.
Posteriormente, en septiembre, OFAC incluyó en su lista a otras cuatro personas relacionadas con los Cifuentes: Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía Zuluaga, Ana María Uribe y Jesús María Castro. Además, fueron designadas 12 empresas.
El clan Cifuentes habría entrado al negocio del narcotráfico de la mano de alias ‘Don Efra’ hacia finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, luego habrían hecho una alianza con los Paramilitares y actualmente sus principales líderes están prófugos de la justicia.
Corrupción en la DNE
Si bien esta situación se denunció en noviembre de 2010, fue en 2011 cuando tomó mayor trascendencia y se conocieron avances en las investigaciones.
Por medio del decreto 3183 de 2011, emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Gobierno autorizó la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), ante las serias anomalías que se habrían presentado en el manejo de los terrenos expropiados a narcotraficantes y delincuentes bajo el amparo de la figura de extinción de dominio.
El decreto dispuso que los archivos de la actual DNE pasaran a ser manejados por el Ministerio de Justicia, así como la función de fijar la política antidrogas. Así mismo, los bienes incautados – alrededor de 76.000 – serán manejados por una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual buscará venderlos para cubrir gastos estatales.
En la actualidad Omar Figueroa, exdirector de la entidad, es acusado por la Fiscalía de fraude procesal, falsedad, cohecho, peculado, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concierto para delinquir y concusión. Además, este año el ente acusador le imputará cargos al exjefe de la Unidad Antinarcóticos de la DNE, Camilo Bula. Los delitos por los que será investigado son: obtención de documento público falso en concurso, fraude procesal, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
Autoridades dan de baja a alias ‘Alfonso Cano’
A comienzos del mes de noviembre, en el marco de la ‘Operación Odiseo’, las autoridades dieron de baja al máximo cabecilla de las FARC, alias ‘Alfonso Cano’, en un paraje selvático del municipio de Suárez, Cauca.
En el operativo participaron miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes fueron los encargados del bombardeo inicial, e integrantes de las Fuerzas Especiales, los cuales adelantaron la ‘Operación Rastrillo’ en la que hallaron dinero y varios elementos personales, entre ellos computadores y memorias USB del líder guerrillero.
Durante el pasado mes de diciembre un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción de Dominio autorizó el embargo del dinero hallado en el campamento de ‘Alfonso Cano’, el cual asciende a 550 millones de pesos. En la actualidad, hay una gran expectativa por conocer la información que contienen los equipos encontrados en el campamento.
Acciones contra el delito
UNODC presentó el programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)
Para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector no regulado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó en enero – junto con el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), la Embajada Británica y la Cámara de Comercio de Bogotá – el programa Negocios Responsables y Seguros.
La iniciativa busca proponer al sector público varias medidas para implementar y mejorar el sistema antilavado y comprometer al sector empresarial en torno a la lucha contra este delito. El programa está compuesto por una campaña de publicidad, un programa de formación para periodistas contra el LA/FT, un modelo de gestión y el desarrollo de unas pasantías financieras empresariales.
Liquidación del DAS
El Presidente Juan Manuel Santos firmó el pasado 31 de octubre el decreto 4057 de 2011, por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), luego de 58 años de funcionamiento. La recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es la encargada de reemplazarlo y tiene – según el presidente Santos – la tarea de ‘‘contrarrestar el terrorismo, el espionaje y la acción del crimen organizado cuando amenaza la seguridad nacional’’.
Al nuevo organismo le quitaron varias funciones que tenía el DAS; por ejemplo: el control migratorio fue asumido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores; las atribuciones de policía judicial quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación y el archivo de registros delictivos y la expedición de certificados judiciales pasaron al Ministerio de Defensa Nacional.
La decisión de acabar con la entidad se tomó luego de la enorme controversia que se desató por las interceptaciones ilegales de comunicaciones que se adelantaron contra políticos opositores al Gobierno de Álvaro Uribe, periodistas y magistrados de las altas cortes.
Combate a las Bacrim
Las Bandas Criminales o Bacrim confirmaron en 2011 que representan un serio problema para la seguridad a nivel nacional. Son ‘nuevos’ enemigos del Estado no porque hayan nacido precisamente el año anterior, sino porque son la más reciente forma de organización traficante de drogas y de delincuencia organizada.
A lo largo de 2011 se aumentaron los informes televisivos, radiales, impresos y virtuales en los que los protagonistas eran los ‘Paisas’, los ‘Rastrojos’, los ‘Urabeños’, las ‘Águilas Negras’, el ‘Erpac’ y ‘Renacer’. Mucho se discutió sobre la posibilidad de entregarle un estatus político a estas agrupaciones para facilitar su desmovilización, pero fueron varias las voces que pidieron tratarlas como simples grupos de criminalidad.
El año pasado comenzó mal. En un paraje del municipio cordobés de San Bernardo del Viento, miembros de uno de estos grupos asesinaron a los estudiantes Mateo Matamala Neme y Margarita Gómez, luego de que ellos cruzaran – sin saber – una ‘‘frontera invisible’’. A raíz del estupor que generó el homicidio, las autoridades intensificaron su combate por medio de la estrategia ‘D-6’, pero las Bacrim siguieron perpetrando asesinatos en todo el territorio colombiano.
Además, algunos de los resultados más certeros contra ellos no fueron propiciados por la fuerza pública colombiana. Por ejemplo, en julio de 2011, el jefe de los ‘Rastrojos’ – alias ‘Sebastián’ – fue asesinado por sus propios hombres en Cáceres Antioquia. Las autoridades venezolanas fueron quienes detuvieron a alias ‘Valenciano’ en el mes de noviembre y decenas de miembros del Erpac se desmovilizaron por iniciativa propia en diciembre en el Valle del Cauca.
El balance de la lucha contra las Bacrim en 2011 fue apenas regular, es un contendor fuerte al que para vencer, primero es necesario conocer bien.
Normatividad
El trabajo del legislativo en el año que pasó fue aceptable, luego de la aprobación de algunas iniciativas impulsadas por el Gobierno que buscan hacerle frente a varios delitos, entre ellos el LA/FT. Entre dichas iniciativas se encuentran las referentes a los aumentos de penas y la creación de nuevas entidades.
1. Ley 1453 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana
La Ley 1453 o de seguridad ciudadana fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 24 de junio de 2011. En ella se aumentó de 8 a 10 años la pena mínima de prisión y de 22 a 30 años la máxima para las personas que incurran en el delito de lavado de activos. Para esta conducta punible, también se incluyó el tráfico de menores como un nuevo delito fuente.
Por otra parte, equiparó las condenas para quienes financien el terrorismo y la delincuencia organizada, las cuales oscilarán entre 13 y 22 años de cárcel.
Respecto a la extinción de dominio, aclaró que el trámite de retribución del 5% sobre el valor de un bien que puede adelantar un ciudadano que denuncie que el mismo es ilícito, será reservado, ya que en la normativa anterior se permitía que la reclamación se incluyera en las actas del proceso judicial y, por ende, fuera de público conocimiento.
2. Ley 1484 de 2011
El 12 de diciembre de 2011, el Presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1484, por medio de la cual se autoriza al Banco de la República a suscribir 3.000 acciones del Banco de Pagos Internacionales con dinero de las reservas.
La normativa contempla que el Banco Central deberá incluir en su rendición anual de cuentas al Congreso de la República un reporte en el que indique ‘‘el comportamiento económico de la participación accionaria’’. Además, en el citado informe, tendrá que explicar las gestiones adelantadas en su calidad de socio.
La iniciativa había sido radicada ante el legislativo por el Ministro de Hacienda y Crédito Público – Juan Carlos Echeverry – y según la exposición de motivos servirá para completar la inserción colombiana en escenarios multilaterales y facilitará el acceso a varios espacios internacionales de análisis para mantener la estabilidad económica en el País.
3. Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción
La nueva norma aprobó la creación de la Comisión Nacional de Moralización, la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción y la Secretaría de la Transparencia.
La Comisión Nacional de Moralización está integrada por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia, el Procurador General, la Contralora, el Auditor General, la Fiscal General, el Defensor del Pueblo, los presidentes del Senado y la Cámara, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el Secretario de Transparencia y la Consejera Presidencial para el Buen Gobierno. Entre sus funciones se destacan la implementación de una estrategia anual para buscar la transparencia, la eficiencia y la moralidad en la Administración Pública y aprobar la Política Integral del Estado contra la Corrupción.
La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra Corrupción la conforman representantes de los gremios, las universidades, los medios de comunicación, el Consejo Nacional de Planeación, los sindicatos, la red de veedurías, las ONG y la Confederación de Cultos y Libertad Religiosa. Sus funciones consisten en adelantar seguimientos, evaluaciones y hacer recomendaciones sobre las políticas anticorrupción, además de promover campañas de lucha contra este flagelo en el sector privado.
Por su parte, la Secretaria de Transparencia deberá asesorar al Presidente en materia de lucha contra la corrupción y hacerle recomendaciones respecto al nombramiento de los jefes de las oficinas de control interno de las distintas entidades públicas del orden nacional, ejercer la secretaría técnica de la Comisión Nacional para la Moralización y coordinar el diseño de la política integral contra la corrupción.
Fuentes:
*Portafolio, Economía. “Fraude por devolución de IVA en la DIAN suma $1 billon”. 14 de julio de 2011.http://www.portafolio.co/economia/fraude-devolucion-iva-la-dian-suma-1-billon
*Jaime Andres Ospina. “Este martes comenzará el juicio por el escándalo de los recobros de salud”. Diciembre 27 de 2011. Disponible en la web: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/este-martes-comenzara-el-juicio-por-el-escandalo-de-los-recobros-en-la-salud/20111227/nota/1597759.aspx
* El Tiempo. Redacción Boyacá. “Fiscalía imputó ocho delitos a ex director de Estupefacientes”. Noviembre 30 de 2011. Disponible en la web: http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10862785.html
*Ana María Saavedra. “¿Por qué Alfonso Cano terminó su historia en un paraje cerca de Cali?”. Noviembre 4 de 2011. Disponible en la web: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gobierno-confirma-muerte-alfonso-cano-maximo-jefe-farc
*Colprensa y agencias. “Proceso de liquidación de DNE durará un año”. Septiembre 3 de 2011. Disponible en la web: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-liquidacion-dne-durara-ano
*El Universal. “La DNI es la nueva inteligencia del Estado”. Noviembre 5 de 2011. Disponible en la web: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/la-dni-es-la-nueva-agencia-de-inteligencia-del-estado-51890
*Norbey Quevedo H. “El clan de los Cifuentes Villa”. Septiembre 24 de 2011. Disponible en la webhttp://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo-301624-el-clan-de-los-cifuentes-villa
* InfoLAFT. “Iniciativa de la UNODC realizar negocios seguros y responsables”. Enero – febrero 2011 página 60.
*Oficinas de Leyes de Senado y Cámara de Representantes
