Se conoce más sobre red de corrupción en el posconflicto

La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito a Bibiana Marleny Arias Garzón, María Elvira Valencia Gómez, Yésica Carolina Gómez Builes y José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro, Santander, quienes pretendían beneficiarse con recursos superiores a los COP 45.000 millones destinados para la construcción de vías terciarias en zonas de posconflicto. Según explicó el delegado de la fiscalía, estas personas se habrían concertado con Marlon Marín Marín, sobrino del exjefe negociador de las Farc para los diálogos de paz alias Iván Márquez, para garantizar la presunta entrega de contratos agrícolas y de construcción de las vías terciarias definidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto a cambio de sobornos. El fiscal explicó que los denominados ‘caza-contratos’ “cobraban desde el 11 por ciento de ganancia con forma de pago del 50 por ciento al inicio y el otro 50 a la entrega del acta del negocio. Del mismo modo, se cobraba 20 millones de pesos por departamento, solo por la gestión ante varios funcionarios estatales adscritos al Ministerio de Agricultura”. Lea también: El Fiscal advierte al Presidente sobre corrupción en el posconflicto  

Los proyectos que se pretendían cooptar

  Esta apropiación ilegal de recursos del posconflicto recaía en las áreas contenidas en el Decreto 691 de 2017 por el cual se creó el Fondo Colombia en Paz (FCP) y se reglamentó su funcionamiento. Dicho decreto contempla el desarrollo de vías terciarias de acceso a zonas agrícolas, la implementación de proyectos productivos y la forma de financiamiento del posconflicto. Según las investigaciones de la fiscalía, y tal como se expuso en audiencia pública, la red giraba alrededor de Marlon Marín quien estaba encargado de hacer el cabildeo necesario entre las partes de interés para sellar los tratos que implicaban la entrega del contrato a cambio de los sobornos y quien canalizaba el pago de coimas a funcionarios del Ministerio de Agricultura para resultar favorecidos en la adjudicación de los proyectos. Lea también: Los 'Caza-Contratos'