El histórico pronunciamiento del presidente Bill Clinton, en el que explicó los detalles de la lista de sancionados –que años más tarde llevaría su apellido-, tuvo lugar durante la 50.ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El mensaje fue claro: los activos de lavadores y narcotraficantes ahora eran prioridad para el gobierno de EE.UU.

 

22 de octubre de 1995. Nueva York. Aquel día se inauguró la 50.ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Debido a la importancia de la reunión, el recinto estuvo completamente abarrotado por presidentes y delegados de gobierno de todos los estados miembros.

A las 10:28 de la mañana el entonces presidente de la Asamblea General, el portugués Diogo Freitas do Amaral, invitó al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a que pasara al atril donde debía pronunciar su discurso. Clinton era el primero en intervenir y su discurso, como suele pasar con los presidentes de EE.UU., era uno de los que generaba mayor expectativa.

El jefe de estado estadounidense se levantó de su asiento y no hubo aplausos. Mientras caminaba se retiró con su mano derecha los lentes que llevaba puestos y los guardó en el bolsillo delantero izquierdo de su saco. En la mano izquierda portaba una carpeta gris que contenía el discurso que daría en algunos segundos.

Vestía un traje negro, camisa blanca y corbata gris de cuadros. Subió los cuatro escalones con alfombra verde para acceder al atril. Hizo una venía a la mesa directiva y esta le correspondió. Llegó, organizó sus papeles e inició su discurso.

Comenzó felicitando a la ONU por su 50.º aniversario y destacó la importancia de este organismo para mantener la paz y defender los derechos humanos en todo el orbe. Hasta ahí, nada fuera del libreto.

Pero a las 10:38 de la mañana, 10 minutos después de que lo convocaran, hizo un anuncio directamente relacionado con Colombia: ‘‘ayer, me dirigí a nuestro gobierno para identificar y poner sobre aviso a las naciones que toleran el lavado de dinero’’; agregó que debido a que ‘‘empresas criminales están moviendo grandes sumas de dinero mal habido a través del sistema financiero internacional con absoluta impunidad’’, su administración había decidido identificar las empresas de fachada y congelar los activos de la red de narcotráfico más grande del mundo, el cartel de Cali, con el fin de ‘‘cortar sus líneas de vida económica’’ para evitar que los estadounidenses siguieran tratando con ellos sin saberlo.

Clinton se estaba refiriendo a la orden ejecutiva 12978 de 1995 que había firmado el día anterior, el 21 de octubre, y la cual comenzó a regir a partir de las 12:01 am (hora del Este) del 22 de octubre de 1995.

Posteriormente, Clinton instó a los países a ‘‘llevar a sus bancos y sistemas financieros en conformidad con las normas internacionales contra el lavado de dinero’’, al tiempo que advirtió: ‘‘vamos a trabajar para ayudarles a hacerlo. Y si se niegan, consideraremos las sanciones correspondientes’’.

El argumento expuesto por el presidente para emitir la orden ejecutiva 12978 fue que ‘‘las acciones de importantes narcotraficantes extranjeros centrados en Colombia y la violencia sin precedentes, la corrupción y el daño que causan en los Estados Unidos y en el extranjero, constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos’’, lo cual hizo necesario declarar una ‘‘emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza’’.

En términos prácticos la decisión tomada por Clinton en ese momento consistió en prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de negocio o transacción con los principales capos del ‘Cartel de Cali’: Gilberto Rodríguez Orejuela, su hermano Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, y los ‘capos’ José Santacruz Londoño y Helmer ‘Pacho’ Herrera Buitrago.

Con este anuncio, hecho ante los líderes de todo el mundo, Clinton fijó posición: su administración no toleraría que ningún país fuera cómplice de los terroristas, de los traficantes de drogas ni de las estructuras dedicadas al lavado de activos.

La noticia fue bien recibida entre palmas y críticas en Colombia. Días después la prensa colombiana comenzaría a llamar la orden ejecutiva mencionada como la lista Clinton.  Según un informe de El Tiempo, al conocer la noticia el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano, sostuvo que ‘‘he mirado la lista que apareció acá y no veo nada nuevo, ya que todo eso está judicializado’’.

A su turno el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Rivera, también en El Tiempo, apreció el hecho de que Clinton destacara la labor hecha por las autoridades colombianas en su lucha contra el narcotráfico; sin embargo, cuestionó que ‘‘su visión sigue siendo unilateral’’ y ‘‘cuando Clinton se refiere al problema, menciona exclusivamente a Colombia, donde fue diezmada la cúpula del cartel de Cali, y no alude para nada a México, por ejemplo, donde el fenómeno está teniendo amplio impacto’’.

Vicente Torrijos, politólogo de la Universidad Javeriana, manifestó que la emisión de la lista Clinton ‘‘sin duda, se trata más que de un paso hacia la cooperación, de un paso hacia la confrontación’’ y que era importante preguntarse ‘‘cuál sería la reacción de la Casa Blanca si el gobierno colombiano fuera tan minucioso en la confección de un listado de empresas y bancos dedicados al lavado de dólares en territorio norteamericano’’.

Por su parte, el excanciller Augusto Ramírez Ocampo dijo que ‘‘(…) el discurso significa poner en la picota del escarnio público a Colombia, porque nada menos que en la celebración de los 50 años [de la ONU] dedicar el grueso de la intervención del Presidente [Clinton] a señalarnos con el dedo, es una demostración de que quería singularizar a Colombia’’.

Más allá de las reacciones que en su momento suscitó la firma de la famosa orden ejecutiva, lo cierto es que esta se dio cuando ya los principales líderes del ‘Cartel de Cali’ estaban en prisión: Gilberto Rodríguez fue detenido el 9 de junio de 1995 en Cali y su hermano Miguel fue capturado el 6 de agosto del mismo año.

Ante esto, bien vale la pena preguntarse: ¿el gobierno de EE.UU. los seguía considerando como una amenaza así ya estuvieran bajo custodia de las autoridades colombianas?

Infolaft trató de despejar esta y otras dudas consultando directamente al expresidente estadounidense; sin embargo, la oficina de prensa de la Fundación Clinton respondió el pasado 1 de octubre que ‘‘lamentablemente, debido a limitaciones de tiempo y al gran volumen de solicitudes que recibimos, no seremos capaces de honrar su solicitud de una entrevista en este momento’’.

Sin embargo, lo más seguro es que el gobierno de EE.UU. sí considerara al Cartel de Cali como una gran amenaza a pesar de la captura de sus principales cabecillas, toda vez que el escándalo del proceso 8000 –el cual consistió en una investigación hecha contra el entonces presidente Ernesto Samper por sus presuntos vínculos con el ‘Cartel de Cali’- había minado las relaciones entre los gobiernos de Colombia y EE.UU.

Adicionalmente, si se tiene en cuenta que hasta el momento de la emisión de la lista los ‘capos’ no habían sido judicializados, es fácil concluir que la lista no se concibió como un simple mecanismo de presión, sino que era una medida a largo plazo.

Y así lo demuestra el hecho de que en este octubre de 2015 cumpla 20 años de emitida, renovándose cada año con cada presidente estadounidense.