En entrevista exclusiva con infolaft Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, anunció que la primera lista oficial en Colombia de personas expuestas públicamente se emitiría a finales de 2014.

 

Infolaft:

¿Cómo va el caso por el presunto soborno que habrían realizado funcionarios de Petrotiger a empleados de Ecopetrol y el cual fue denunciado por la Secretaría de Transparencia?

Rafael Merchán:

Nosotros como Gobierno tuvimos conocimiento de esa investigación, abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco del Grupo contra el soborno internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Oecd). Cuando conocimos el caso iniciamos un proceso para indagar en qué estado se encontraba y para darle orientaciones al Departamento de Justicia sobre alguna información que necesitaban. Ese proceso que se adelanta contra los tres directivos de Petrotiger en EE.UU. va en que dos ya aceptaron cargos y con un tercero se está a la espera de si acepta cargos o continúa para juicio.

Ahora bien, una vez el Departamento de Justicia tomó unas decisiones frente a estos tres exdirectivos de Petrotiger, nosotros procedimos a instaurar una denuncia penal contra las personas colombianas que presuntamente estaban involucradas en el tema: David Durán, funcionario de Ecopetrol; Mauricio Vesga, empleado de Petrotiger; y la esposa de David Durán, quien funcionaba como intermediaria para recibir los pagos, es decir, que trataban de hacerle los pagos a ella, pero finalmente quien recibía los pagos, aparentemente, era el señor Durán. Toda esta información se encuentra en la acusación (indictment) de los EE.UU., que es un documento público.

El paso siguiente fue que hace un par de semanas la Fiscalía colombiana solicitó formalmente al Departamento de Justicia todas las pruebas que ellos recopilaron en el marco del proceso judicial. Esperamos que muy pronto se formalice la cooperación judicial, de manera tal que todos los elementos probatorios que estaban en el indictment de las personas procesadas en EE.UU. tengan valor probatorio en Colombia.

 

Infolaft:

¿Cuándo se enteró esta Secretaria de ese caso? ¿En una reunión de la Oecd?

RM:

Si, en una reunión del Grupo antisoborno que se realizó en septiembre de 2013.

 

Infolaft:

¿Cuántas personas están siendo investigadas en Colombia?

RM:

Yo no le puedo decir cuántos están siendo investigados, pero sí le puedo decir que interpusimos denuncia  sobre tres personas: Durán, Vesga y la esposa de Durán.

 

Infolaft:

Pasando a otro tema, ¿qué nos puede contar acerca de la política pública contra la corrupción aprobada el año pasado?

RM:

Primero permítame destacar que el trabajo de esta Secretaría se ha materializado con el ingreso de Colombia al Grupo antisoborno de la Oecd, en la aprobación de la ley de acceso a la información que se sancionó recientemente, y en la emisión –el 9 de diciembre de 2013– de un documento Conpes que contiene aproximadamente 110 acciones de 22 entidades, tanto para los aspectos preventivos como para los sancionatorios en la lucha contra la corrupción.

Lo que nosotros planteamos en ese documento es que una lucha efectiva contra la corrupción compromete muchos temas. Primero, hay un aspecto de control social que queremos materializar revigorizando la figura de las auditorías visibles. Por ejemplo, que la construcción de una obra tenga desde el inicio a su comunidad beneficiaria haciéndole seguimiento a los trabajos con unas metodologías que ya está desarrollando el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En segundo término en Colombia hay que trabajar mucho en el tema de la cultura de la legalidad. Existe una gran desconexión entre el sistema educativo y los temas de integridad, probidad y legalidad. Por eso en las competencias ciudadanas va a haber un énfasis explícito en el tema de cultura de la legalidad de la mano del Ministerio de Educación.

En tercer lugar la ley de acceso a la información complementa lo que ya decía la ley, pero lo materializa en aspectos como los datos abiertos y la implementación de ciertos sistemas de información que ya van a quedar funcionando, tales como el sistema de regalías donde la gente va a poder ver georreferencialmente los contratos que se van ejecutando. Esto lo está haciendo el DNP.

Entre otras cosas hay un tema que les interesa mucho a ustedes: una de las acciones que hemos iniciado es darle un especial impulso al tema de las PEP, el cual está consagrado en la convención de la ONU contra la corrupción, pero que en Colombia realmente ha tenido un desarrollo más por lo hecho por cada institución financiera individualmente que a partir de una política estructurada desde el gobierno. Lo que queremos hacer es crear esas bases de datos de PEP, de cuáles son los cargos que están en mayor riesgo de corrupción con el fin de facilitarle al sector financiero su labor de evaluación para que eleven un ROS a la Uiaf cuando vean que hay actos sospechosos.

 

Infolaft:

¿Para cuándo se prevé la emisión de la lista PEP?

RM:

Para este año: esa es una tarea conjunta que tenemos que hacer con la Uiaf, pero en este 2014 ya vamos a empezar a crear esas bases de datos. Obviamente hay que priorizar por dónde iniciamos, pero como le digo eso ya quedó consagrado en el Conpes y va a ser un elemento efectivo en la investigación sobre casos de corrupción.

 

Infolaft:

¿El suyo sería un cargo PEP?

RM:

Claro…

 

Infolaft:

¿La dirección de la Uiaf sería un cargo PEP?

RM:

Claro, uno tendría en principio al alto Gobierno y a aquellos cargos que por la función que desempeñan estarían en riesgo. Esto es en el Gobierno Nacional, pero el siguiente paso ya sería ver cómo se maneja eso a nivel de las entidades territoriales, lo cual debería hacerse en una fase posterior.

En este momento yo creo que la primera lista de PEP debe cobijar fundamentalmente al Gobierno Nacional.

 

Infolaft:

¿El Ministerio de Educación va a poner una cátedra de cultura de la legalidad en los planes curriculares para promover la cultura de la legalidad?

RM:

No, no es una cátedra. En el marco de unos programas que tiene el Ministerio que se llaman competencias ciudadanas, las cuales están tanto dentro del currículo como por fuera, se van a generar unas metodologías para incentivar los temas de cultura de la legalidad, de probidad y de apropiación de lo público. Pero no es una cátedra. Las cátedras, entre otras cosas, están un poco revaluadas metodológica y pedagógicamente.

Yo creo que es más importante saber cómo llegarle a los muchachos en temas de cultura de la legalidad a través de lo que a ellos les interesa: la tecnología, la cultura y el deporte, entre otros. Me parece que esto es mucho más diciente que sentarlos en un pupitre a escuchar un discurso sobre el tema. En esto hay que innovar y por eso la primera acción del Conpes es crear esa metodología.

 

Infolaft:

Volviendo al tema de la política anticorrupción ¿Hay algo sobre sanciones?

RM:

Una de las apuestas más importantes es crear una especie de fuerza de tarea conjunta de inteligencia contra la corrupción, de la cual harían parte la Uiaf, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dijín, de manera tal que con un modelo muy similar al que se utilizó en la Dian estas entidades maduren los casos y se los entreguen a la Fiscalía con un nivel de desarrollo mucho mayor, para que la Fiscalía a su vez pueda obrar de forma mucho más ágil, con más información, con más elementos de juicio sobre casos que van a ser estratégicos. Este C-4, que es como lo hemos denominado, no está pensado para cualquier situación, sino para casos de muy alto impacto, de valor estratégico que nos ayuden a ir generando tipologías.

 

Infolaft:

¿Qué acciones concretas han implementado para combatir la corrupción privada?

RM:

Inicialmente tipificar el delito por medio del estatuto anticorrupción. Pero más allá de eso queremos trabajar de la mano con el sector privado para comprometerlo en estos temas, por lo cual estamos desarrollando unos programas puntuales muy interesantes. Uno de estos programas son los registros pro ética –que es una idea que surgió en Brasil y la cual estamos adaptando– donde se conforma un grupo entre la academia, el Gobierno y el sector privado para diseñar unos cuestionarios de autoevaluación de las empresas con el objeto de determinar qué tan altos son sus estándares en prevención de la corrupción: si tienen canales de denuncias internos, si hay unas políticas de la junta, si hay unos criterios de relacionamiento con el sector público en temas como las dádivas y los regalos, entre otras.

Este año esperamos tener en marcha nuestro primer grupo de empresas, inicialmente  queremos que sean las 50 más grandes del país y después, ya en la segunda fase, empezar a desarrollarlo sectorialmente o según el tamaño de empresa. Esta última ya sería una estrategia más amplia.

Pero ese tipo de estrategias –los registros pro ética y los acuerdos de autorregulación– nos parecen tan importantes como la tipificación del delito, entre otras cosas porque el próximo año debemos presentar una ley de responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción como consecuencia de la evaluación que nos hizo la Ocde. Ya en el estatuto anticorrupción quedaron algunas cosas, pero la Ocde nos dijo que no fueron lo suficientemente contundentes.

Es por ello que junto con la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Justicia estamos pensando en lo que van a ser los elementos de esa nueva ley de responsabilidad de personas jurídicas, que en principio va a estar muy enfocada en el tema de soborno trasnacional, precisamente por lo que surja del trabajo de Colombia en el grupo de la Ocde. Creo que se debería ir ampliando la experiencia que se logre ahí para que, por lo menos en una primera etapa, las grandes empresas del país sean objeto de ese procedimiento, de esas sanciones y de esos mecanismos que van a quedar incorporados en la ley.