En su discurso de apertura ante los asistentes al XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se lleva a cabo este jueves y viernes en Cartagena, Colombia, el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, hizo un llamado general para “desnarcotizar” en lavado de activos, esto es analizar otros delitos subyacentes de lavado y no sólo tener el foco puesto en el tráfico ilegal de narcóticos. 

“El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas no es el único delito subyacente de LA/FT”, dijo Castro, para luego proceder a decir que los delitos de corrupción pública y privada, de contrabando, de tráfico de migrantes, de trata de personas y de financiación del terorismo se incrementan de forma alarmante por lo que no se puede omitir su estudio.

En efecto, según el presidente de la Asobancaria, “estos delitos causaron pérdidas por USD 1.1 trilllones en las economías en vías de desarrollo, una suma lo que supera el PIB de varias economías como Turquía y México, y triplica el PIB colombiano“, lo que obliga a prevenir y mitigar estos nuevos delitos y “detener el ciclo vicioso que tiene repercusiones contra la seguridad y el desarrollo de una nación”.

 

Delitos contra la administración pública

 

Tal como lo explicó Castro, tras las acusaciones de corrupción del denominado cartel de la toga, la baja rigurosidad de las sanciones impuestas por los jueces en especial la Corte Suprema de Justicia, el caso Odebrecht, los Panamá Papers y los escándalos de corrupción de funcionarios públicos, el fenómeno de la corrupción se convirtió en un tema fundamental en la discusión del lavado de activos que debe ser entendido en toda su dimensión.

Para ello no sólo se deben analizar las conductas de soborno, sino otras acciones catalogadas como transgresiones contra la nación entre las que se encuentran las restricciones al mercado y a la libre competencia y la cooptación del Estado. En cuanto a la corrupción privada, Castro señaló que hay que mejorar las deficiencia del mercado laboral, incrementar la confianza en las entidades de vigilancia, y ser cuidadosos en la necesidad de satisfacer las necesidades del negocio si se quiere controlar adecuadamente el fenómeno.

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Contrabando

 

Otro de los delitos subyacentes que Santiago Castro trajo a la discusión efue el contrabando, “una actividad ilícita que golpea todos los sectores de la economía incentivando el mercado informal y la competencia desleal”, dijo. Según comentó, en 2017 a la región ingresaron mercancías irregulare por USD 85 mil millones, y tan solo en Colombia el contrabando representó 1 % del PIB, lo que se tradujo en un impacto al desarrollo de la industria en 14% y una reducción en los ingresos tributarios del Estado de al menos COP 1 billón.

Para superar estas conductas cada vez más frecuentes, Castro propuso educar al consumidor en los impactos económicos y sociales del contrabando en la región, crear campañas de pedagogía que alerten y generen consciencia de estos mismos impactos, e instaurar un observatorio regional que analice prácticas anticontrabando aplicables en diferentes jurisdicciones. 

 

Financiación del terrorismo

 

En cuanto a la canalización de recursos a organizaciones teroristas, la invitación de Castro fue a “evaluar si los mismos estándares para combatir el lavado sirven también para luchar contra la financiación del terrorismo” pues, a pesar de que Colombia no ha vivido un fenómeno de terrorismo internacional, es momento de pensar en herramientas que mitiguen el riesgo, como la tipificación de esta conducta, el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y la utilización de novedosas en herramientas para detectarla.

“Es urgente que exista una mayor coordinación intersectorial e interinstitucional”, pues desde hace varios años la Uiaf no actualiza su doctrina al respecto, y no existe ninguna herramienta más allá de un sistema de seguimiento estadístico. Más aún ahora, cuando el país debe alinear lo pactado en el acuerdo de La Habana con la normatividad vigente contra la financiación del terrorismo, hay que tener mecanismos para verificar el origen de los recursos de los excombatientes, pero sobre todo uso que estos le dan a sus ingresos lícitos, sentenció Castro.

 

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