El gerente de Summum Energy (antes Petrotiger), Daniel Lucio, le cuenta a Infolaft los pormenores del caso de corrupción que hace unos años involucró a exdirectivos de la compañía y cómo lo enfrentaron desde la perspectiva de cumplimiento normativo.
En 2011 la junta directiva de Petrotiger realizó un cambio total en la administración de la compañía debido a la falta de confianza en la gestión de algunos directivos.
Luego de esos ajustes el nuevo presidente de la junta ordenó la realización de una auditoría externa para saber que había sucedido al interior de la empresa durante el anterior gobierno corporativo.
Los resultados del reporte no fueron los mejores. De acuerdo con un documento interno de la compañía que fue consultado por Infolaft, entre 2009 y 2010 se realizaron varios pagos a terceros (supuestos proveedores de la compañía) por varios millones de pesos sin soporte alguno.
Esa situación irregular prendió las alarmas y por esa razón la compañía decidió interponer dos denuncias penales en Colombia y en Estados Unidos.
En su momento Petrotiger (ahora Summum) se comprometió a facilitar entrevistas –tanto con funcionarios de la empresa como con exfuncionarios– y antecedentes, realizar auditorías adicionales e inspecciones, y facilitar información.
Luego de que varios de los exdirectivos fueran procesados y aceptaran los cargos imputados en los Estados Unidos, la empresa se comprometió a mejorar sus programas de cumplimiento internos que derivaron en profundos cambios en el proceso de reportes financieros y de control, así como en las cadenas de abastecimiento.
Han pasado más de tres años y la compañía pudo recuperarse y continuar con sus operaciones.
En entrevista con Infolaft el gerente de Summum, Daniel Lucio, sostuvo que “en Colombia si vale la pena denunciar”, aunque considera que “es urgente trabajar en una legislación que prohíba el bloqueo comercial a compañías que denuncian hechos de corrupción, porque solo incentivando la denuncia de actos de este tipo es que vamos a lograr acabar con este flagelo que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad”.
De acuerdo con el directivo, las empresas en Colombia y en la región están en capacidad de prevenir y detectar oportunamente casos de corrupción. “Resulta de vital importancia fortalecer las políticas y procedimientos relacionados con compliance y gobierno corporativo, tales como los programas de ética empresarial (anticorrupción), prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y los códigos de ética y conducta, ya que estos se cimientan en los principios y/o pilares corporativos, generando un ambiente de control en todos los colaboradores de las compañías”.
Finalmente, Lucio recomienda a la alta dirección de las empresas demostrar su compromiso en la lucha contra los delitos para que este “se irradie a toda la organización y así fortalecer la ética, tanto personal de los funcionarios como empresarial de las organizaciones”.
