Luego de que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, apoyara el llamado de gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, para eliminarle tres ceros al peso colombiano a finales del mes de febrero pasado, el país vio como un creciente número de actores salió también a respaldar la propuesta.
En efecto, además de Martínez, quien dijo que la nueva denominación de la moneda ayudaría en la persecución de los millonarios recursos en efectivo que los criminales han acumulado a lo largo de décadas, miembros directivos del Banco de la República, el Presidente de la Republica, el Ministerio de Hacienda, y la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) también se adhirieron a esta iniciativa.
Así, mientras que el presidente, Juan Manuel Santos, decía en su cuenta de Twitter que "gracias a que se controló la inflación, retomamos, con apoyo del Banco de la República, la idea de quitarle tres ceros al peso”, el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, afirmaba que su gremio aplaudía el cambio de denominación y que “la banca está plenamente dispuesta” a colaborar tanto en la estructuración del proyecto de ley como en el eventual proceso de transición.
En ese escenario de casi unanimidad pocas fueron las voces que plantearon inquietudes a la propuesta. En esa coyuntura, Infolaft publicó el pasado primero de marzo el artículo ‘Lavado de activos: cinco formas de combatirlo más allá del cambio de billetes’ en el que, además de recoger algunas de las dudas suscitadas alrededor de este debate, planteó cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos que son prioritarias por encima del cambio de moneda.
En cuanto a los inconvenientes, el artículo puso de presente que dada la difusión del proyecto los grupos criminales ya están advertidos, que de cara a lo largo del trámite de implementación el dinero de los delincuentes no perdería de inmediato su poder económico, y que no existe un alto índice de plata en efectivo incautada toda vez que entre 2014 y 2015 apenas se decomisaron COP 1.833 millones a las Farc y COP 14.993 millones de las bandas criminales.
Respecto a las maneras que tiene Colombia para superar el lavado de activos más allá del cambio de billetes, Infolaft propuso establecer un registro único de propiedades, un sistema centralizado de información relevante para las autoridades, un nuevo Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas (que es uno de los compromisos del Acuerdo de Paz), una lista de sanciones financieros (Lista Clinton a la Colombiana) y un registro único de beneficiarios finales.
