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Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022.

Un nuevo reporte elaborado por el Gobierno de Estados Unidos puede dar luces sobre el actual riesgo de lavado de activos en Colombia.

De acuerdo con la más reciente edición del Informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes (INCSR en inglés), la minería ilegal es un gran problema.

El reporte asegura que la minería y el comercio ilegales de oro son tanto fuente como medio para lavar activos en Colombia.

Además, detalla que “los grupos criminales utilizan cada vez más monedas digitales para enviar ganancias de drogas a Colombia”.

De igual manera, el contrabando continúa siendo una de las actividades más utilizadas para el lavado de activos.

“Según funcionarios colombianos, las autoridades aduaneras corruptas facilitan la evasión del proceso aduanero”, sostiene el informe.

Riesgo de lavado de activos en Colombia: las regulaciones que faltan

Dentro del reporte se pone de manifiesto que las autoridades nacionales “no han podido aprobar una legislación que regule los activos virtuales”.

Esto a pesar de que el Banco de la República viene liderando un grupo de trabajo para evaluar las necesidades de regulación.

Respecto al contrabando, afirma que la comercialización de los productos se suele hacer en “lugares informales y populares del mercado negro, conocidos como San Andresitos".

Sobre el particular apunta que “estos lugares informales reciben poca supervisión y cumplimiento efectivos”.

Por otra parte, señala que en 2021 “no tuvieron éxito” los intentos por aprobar una legislación para incluir los delitos ambientales como determinantes del lavado de activos.

Mejor supervisión de las APNFD

El Departamento de Estado reconoció que el régimen de monitoreo y cumplimiento ALA/CFT es efectivo en el sector financiero de Colombia.

No obstante, la situación es diferente cuando se trata de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).

“Las APNFD generalmente tienen un menor nivel de conocimiento de las regulaciones” contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Incluso, detalla que “los reguladores de las APNFD cuentan con recursos relativamente insuficientes” y eso representa un desafío para hacer un monitoreo efectivo.

En esta parte del informe se hace una sugerencia a Colombia: desarrollar programas para identificar empresas fachada o ficticias para lavar activos.

¿Falta de coordinación entre instituciones del Estado?

Quizá uno de los puntos más fuertes del informe gire en torno a lo que sería una falta de coordinación de entidades estatales.

Según el informe, “el marco legislativo de Colombia prohíbe que las fuerzas del orden público tengan acceso directo a los informes de la UIAF, lo que ralentiza un proceso judicial ya sobrecargado”.

Igualmente, una presunta falta de intercambio de información estaría impidiendo que “las agencias de investigación vinculen a otros con actividades de lavado y persigan redes criminales financieras complejas”.

Por ello, el documento indica que “el gobierno se beneficiaría de grupos interinstitucionales que trabajaran juntos para mejorar el intercambio de información y aumentar los procesos judiciales y las condenas”.

Finalmente, se aconseja incluir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en las investigaciones de lavado de activos.

Los puntos positivos para disminuir riesgo de lavado de activos en Colombia

La regulación colombiana contra el LA/FT cumple “en su mayoría con los estándares internacionales”.

Incluso se destaca el hecho de que “Colombia está trabajando con donantes en numerosos proyectos que fortalecerán el sistema regulatorio ALD del país”.

Uno de los puntos objeto de mención en el reporte fue la emisión del Decreto 830 de 2021.

Ese instrumento normativo, según EE.UU., “actualizó y mejoró los lineamientos de debida diligencia del cliente para personas expuestas políticamente (PEP)”.

También se destaca la emisión del CONPES 4042 de 2021, nueva política pública nacional contra el LA/FT.

El Departamento de Estado reconoce que ese CONPES busca mejorar la cooperación interinstitucional y la presentación de informes entre entidades gubernamentales.

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