Se trata del año en que más intervención hubo desde el escándalo de DMG.
Durante 2017, la Superintendencia de Sociedades ordenó un total de 210 intervenciones administrativas contra empresas y personas en el marco de procesos e investigaciones que adelantan por captación ilícita masiva y habitual de recursos del público. El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, informó que "la cifra de intervenciones ordenadas el año pasado es la más alta desde que se desplomaron las pirámides DMG y DRFE entre 2008 y 2009".
Las cifras consolidadas hasta el 31 de diciembre pasado implican que el número de intervenciones aumentó un 76% con respecto a los casos registrados en 2016. El reporte anual consolidado señala que de las 210 intervenciones ordenadas, 51 corresponden a personas jurídicas y 159 a personas naturales. Con estas actuaciones, la cifra de intervenciones por captación ilícita asciende a 724 en los últimos 9 años.
EL superintentende Reyes explicó que "si bien la captación ilícita ha adoptado mecanismos sofisticados como las falsas libranzas y se vale del desarrollo de Internet y de las redes sociales, todavía subsisten paralelamente las tradicionales pirámides de esquina o de garaje, según casos reportados a la Superintendencia en 2017, especialmente en municipios pequeños o intermedios como Caloto en el Cauca".
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En la presentación de estos resultados, la Superintendencia de Sociedades reiteró el llamado a la comunidad para que se abstenga de invertir en negocios que prometen abultadas ganancias y que parezcan estar por fuera de la lógica del mercado financiero. Además, la entidad insistió en la necesidad de atender señales de alerta y desconfiar de negocios que utilicen como gancho el pago de ganancias desproporcionadas solo por vincular a nuevos inversionistas, sin que medie la compra o venta de un producto o servicio tangible.
Cabe recordar que la captación ilícita no solo le permite a la Supersociedades intervenir administrativamente con embargos de bienes involucrados en estas actividades, sino que también puede dar pie para investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación que terminen en condenas hasta de 20 años de prisión.
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