La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República publicó el Informe sobre Denuncias de Corrupción entre los años 2016 y 2017. Este estudio reveló que
el 61% de las conductas estarían relacionadas con contratación pública.
Según la secretaría, entre 2016 y 2017 se recibieron un total de 6.516 denuncias por corrupción de las cuales el 52% fue presentada por particulares, 28% por empresas, 13% por alguna manifestación de la sociedad civil organizada y 7% por el mismo Gobierno Nacional.
Respecto a esta estadística el Secretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes dijo que “es evidente que la denuncia ciudadana es uno de los principales instrumentos de la lucha contra la corrupción. Quisiéramos que cada colombiano que fuera testigo de un acto ilegal, lo pusiera en conocimiento de las autoridades y no lo ‘normalizara’ ni lo considerara como un mal menor”.
El documento también da cuenta de que la mayoría de las irregularidades están asociadas con presuntas faltas disciplinarias (52%), seguidas por las penales (36%) y las fiscales (12%).
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Lucha anticorrupción en contratación
El 61% de las denuncias por corrupción recibidas por la Secretaría de Transparencia entre durante los últimos dos años están relacionadas con contratación. En esta categoría, los territorios en los que más se presentan son Bogotá (11,5%), Santander (10%), Cundinamarca (8,8%), Antioquia (6,4%), Valle del Cauca (6,1%), Tolima (4,8%), Bolívar (4,2%), Boyacá (4,1%), Norte de Santander (3,8%) y Cesar (3,7%).
Así mismo, los principales sectores en los que se manifiestan irregularidades en este aspecto son infraestructura vial (18,3%), educación (16,8%), defensa (11%), inclusión social y reconciliación (7,8%) y cultura (6,7%).
Como respuesta a este panorama y en coordinación con
la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) en conjunto con la secretaría han prendido alarmas sobre cinco proyectos de infraestructura ubicados en Boyacá, Meta, Córdoba, Sucre y Cesar que suman COP 402 mil millones de pesos.
La estrategia que, en algunos casos, ha logrado acompañamiento especial de la Procuraduría General de la Nación, busca que los proyectos estén ceñidos a los principios del Estatuto General de Contratación Pública.
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