Los ojos de los investigadores de la Fiscalía se encuentran ahora en otros funcionarios de alto y mediano nivel de la ANI que proyectaron y revisaron los contratos con Odebrecht.

La Fiscalía empezó a citar a varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para establecer versiones según las cuales el otrosí de la transversal Ocaña-Gamarra, por el que Odebrecht pagó 4,5 millones de dólares en sobornos a través del exsenador Otto Bula, se manejó con una especie de secretismo e incluso hubo demoras a la hora de subirlo a la página web.

Una de las personas que está investigando la Fiscalía es Alexandra Lozano Vergara, gerente de gestión contractual de la ANI. Lozano venía de trabajar en el Incoder, en donde ocupó la subgerencia de Tierras y terminó involucrada con una red que favoreció al ganadero de Sucre Adalberto Bula Bula con tres predios armados en plena ciénaga. La abogada fue capturada el 16 de agosto del 2014, pero tres días después fue dejada en libertad. Entonces argumentó que fue ella la que desempolvó ese expediente y le devolvió la ciénaga a la Nación.

En todos los otrosíes que Odebrecht firmó con la ANI, Lozano o aprobó la adición o la proyectó. En mayo de 2013 se firmó la primera adición y en noviembre de 2016 la última, que en algunos casos ha sido para ampliar tiempos de entrega de la obra, en otros para añadir intercambiadores o accesos a municipios.

En el periodo donde Otto Bula trabajó para Odebrecht, de agosto de 2013 a mediados de 2014, se firmaron cinco otrosíes, entre estos el de 676 mil millones por añadir la Trasversal Ocaña-Gamarra al contrato madre de la Ruta del Sol sector II.

Cinco meses antes de su retención y ya como funcionaria de la ANI. Lozano había revisado y dado el visto bueno al otrosí que benefició a la brasileña. Por eso, al igual que a Luis Fernando Andrade, la Procuraduría le abrió investigación y la citará para que explique su conducta.

Lozano ya ha estado en la Procuraduría en circunstancias similares. Después de pasar por el Acueducto de Bogotá, en 2002, fue secretaria general de la lotería Nueve Millonaria. Por esa época la Procuraduría le formuló cargos y la citó “por posibles irregularidades contractuales y anomalías en la entrega de sus cargos como subgerente jurídico encargada de las funciones de secretaria general de la lotería”.

En el 2004 el gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, la nombró secretaria privada, cargo que ocupó tras salir de la administración de Samuel Moreno, en la secretaría de Ambiente.

La Fiscalía estableció que Lozano ha sido recientemente contratista en el Agustín Codazzi y en la Secretaría de Ambiente del Distrito y que el ganadero que se vio beneficiado con las polémicas decisiones en el Incoder, Adalberto Bula Bula, no es allegado de Otto Bula, preso por el soborno de Odebrecht en el contrato que revisó Lozano.

‘Vice’ de la ANI

Los investigadores también escrutan la conducta de Javier Hernández López, viceministro de Transporte entre 2012 y 2013 cuando pasó a ser vicepresidente ejecutivo de la ANI, un puesto recién creado que, entre otras cosas, tenía la tarea de supervisar la Ruta del Sol sectores I y III, cuyos otrosíes están bajo la lupa de la Fiscalía. El exfuncionario aparece firmando el otrosí del tramo I.

A Hernández, experto en movilidad, el alcalde Samuel Moreno lo encargó de estructurar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).

Por este proceso, la Fiscalía citó a Hernández por un supuesto detrimento patrimonial en la adjudicación de los contratos para poner en marcha el sistema.

EL TIEMPO habló con un allegado del exviceministro quien aseguró que en el caso del SITP no ha sido imputado y que aún no lo han citado para que explique su actuación en los dos tramos de la Ruta del Sol y explique por qué terminó en la ANI.

En varias oportunidades, EL TIEMPO llamó al celular de Alexandra Lozano, suministrado por funcionarios del Gobierno. Pero no respondió ninguno de los mensajes que se le dejaron.

Uribistas piden indagar a exministras

Senadores del Centro Democrático denunciaron ante la Fiscalía a las exministras de Transporte Cecilia Álvarez-Correa y de Educación Gina Parody por los supuestos delitos de interés indebido en contrato y violación al régimen legal de inhabilidades.

La denuncia obedece a la resolución emitida por Álvarez-Correa, 15 días antes de dejar el Mintransporte, autorizando la ampliación de la Ruta del Sol II hasta el tramo Ocaña-Gamarra, zona donde tendría intereses económicos la familia de Parody.

El CD sostiene que la condición de pareja de las dos exfuncionarias habría sido factor clave en la decisión. Parody aseguró el jueves en su cuenta de Twitter que el expresidente Uribe ha tratado de destruirle su familia, su trabajo y su honra, pero no ha podido. “Manda a sus secuaces a calumniarnos. Mientras más nos persigue, más fuertes estamos. Honestas en lo público y lo privado”, trinó.

Otros 5 serán llamados a declarar

Además de Lozano y de Andrade, hay cinco funcionarios más de la ANI que la Procuraduría indagará: Daniel Tenjo, del Grupo Carretero y Mauricio Castro Castaño, gerente de Riesgos que trabajó para el DNP, el IDU y la gobernación de Cundinamarca. Además, Andrés Figueredo, cabeza de Gestión Contractual; José Andrés Torres, de la gerencia de Proyectos Carreteros y Ernesto Durán Vargas. Además, al exsenador Otto Bula, al exviceministro Gabriel García y a la junta del Banco Agrario.

(Nota agregada de El Tiempo)