Infolaft aplicó una encuesta a oficiales y analistas de cumplimiento de distintas entidades obligadas a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo para conocer si usan o no aplicativos tecnológicos para gestionar el riesgo derivado de estos delitos. Los datos obtenidos son muy interesantes.

 

Ante la dimensión de las transacciones que diariamente se realizan en toda clase de entidades en Colombia y ante la dificultad que una persona tiene para procesar manualmente el volumen de datos que de ellas se derivan, es muy difícil pensar que un oficial o analista de cumplimiento gestione el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo sin apoyarse en la tecnología.

No obstante, pocos datos fiables hay al respecto. Por ello, el equipo de Infolaft realizó una encuesta a 80 profesionales de cumplimiento de toda clase de entidades de los sectores financiero, real y cooperativo para conocer de primera mano qué tanto uso hacen de la tecnología para cumplir con su tarea.

Esta encuesta tiene gran relevancia si tenemos en cuenta que en la actualidad la mayoría de normas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo exigen a las entidades usar herramientas de la tecnología para detectar alertas.

 

La mayoría de entidades sí usa tecnología

Según los datos arrojados por la encuesta, el 71 % de las entidades gestiona el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo desde hace más de tres años, mientras que el 21.8 % lo hace por alguna obligación normativa desde hace uno o tres años.

Ahora bien, de ese total, el 91 % de las entidades confirmó usar aplicativos o herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Solo el 9 % no usa ningún aplicativo.

Es importante mencionar que el 53.2 % de las entidades encuestadas proviene del sector financiero, el 35.4 % es del sector real y el 5.1 % viene del sector cooperativo.

 

¿Para qué se usa la tecnología?

La mayoría de las entidades encuestadas (83.3 %) señaló que usa los aplicativos o herramientas tecnológicas para verificar en las listas restrictivas la información de sus clientes, proveedores, socios y trabajadores. Esto con el fin de hallar posibles antecedentes o alertas de lavado de activos o financiación del terrorismo en alguna de estas contrapartes.

El 52.6 % sostuvo que usa la tecnología para detectar operaciones inusuales, es decir, aquellas que son realizadas por alguna contraparte y que al salirse de los parámetros de normalidad definidos por la compañía pueden ser indicativas de posible lavado de activos o financiación del terrorismo.

Por su parte, el 42.3 % la utiliza para segmentar los factores de riesgo. Vale decir que los factores de riesgo son los clientes, canales, productos y jurisdicciones, y que en la actualidad la obligación de segmentar está incluida en la mayoría de normas de prevención del LA/FT.

A su vez, el 39.7 % usa herramientas tecnológicas para verificar si una contraparte está catalogada como persona expuesta políticamente (PEP) –producto de lo cual deberá aplicar mayores controles– y solo el 19.2 % se apoya en la tecnología para capacitar a sus contrapartes en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

Poca inversión en tecnología para prevenir el LA/FT

El 55 % de las entidades encuestadas invierte en tecnología menos de diez millones de pesos (COP 10 000 000) anuales para prevenir el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

De hecho, el 48.7 % respondió en la encuesta que anualmente invierte entre un millón (COP 1 000 000) y diez millones de pesos (COP 10 000 000), y el 6.4 % reconoció que ni siquiera invierte un millón de pesos (COP 1 000 000).

El 30.8 % afirmó invertir entre once (COP 11 000 000) y cincuenta millones de pesos (COP 50 000 000), mientras que el 19.2 % le dedica rubros superiores a los cincuenta millones de pesos (COP 50 000 000).

Es importante mencionar que en la encuesta se observó que la tendencia es que mientras más compleja es la norma y entre más tiempo una entidad está obligada a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mayor es la inversión que hace en tecnología para gestionar el riesgo.

 

Cerca de la mitad de entidades detecta entre 1 y 5 casos de LA/FT

Otro dato interesante arrojado por la encuesta fue el número de casos de posible lavado de activos o financiación del terrorismo detectados anualmente por las entidades a través de la tecnología. Ante esta pregunta, el 47.4 % de las entidades encuestadas señaló que detecta entre uno (1) y (5) casos gracias a los aplicativos tecnológicos utilizados, mientras que el 25.6 % detecta más de diez (10) casos.

El 16.7 % dijo no detectar ningún caso de posible lavado de activos o financiación del terrorismo, y el 11.5 % encuentra cada año entre seis y diez casos.

Ahora bien, ¿cuánto es el promedio de dinero involucrado en los casos detectados? El 41 % de las entidades encuestadas sostuvo que el monto oscila entre once (COP 11 000 000) y cien millones de pesos (COP 100 000 000). Por su parte, el 27.9 % reconoció que el promedio es inferior a los diez millones de pesos (COP 10 000 000).

El 19.7 % de las entidades respondió que el monto de los casos está entre los ciento uno (COP 101 000 000) y los mil millones de pesos (COP 1000 000 000). Solo el 11.5 % afirmó que el dinero involucrado en los posibles casos supera los mil millones (COP 1000 000 000).

Dicho esto, se denota que el 68.9 % de las encuestadas detecta anualmente casos cuyo monto promedio involucrado es inferior a los cien millones de pesos (COP 100 000 000).

 

La tecnología proviene de terceros

El 50 % de las entidades encuestadas señaló que los aplicativos o herramientas utilizadas para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo son provistos por un tercero, mientras que el 34.6 % sostuvo que la tecnología usada fue desarrollada por la entidad con el apoyo de un proveedor.

Esto quiere decir que en el 84.6 % de las entidades hay un tercero involucrado en lo que respecta a la provisión de herramientas de tecnología para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Solamente el 26.9 % de las encuestadas contestó que la tecnología le pertenece a la entidad debido a que fue desarrollada internamente por sus funcionarios.