Según informó el diario La Nación, los bancos argentinos deberán empezar a reportar operaciones sospechosas de cuentas públicas desde este viernes. Hasta ahora la obligación se limitaba al sector privado.

 

Hasta hace días un vacío legal liberaba a las entidades financieras de reportar operaciones sospechosas cuando se realizaban a través de cuentas públicas. La necesidad de cubrir ese agujero es, hace meses, materia de discusión reservada entre autoridades financieras, bancos y organismos encargados de controlar los movimientos sospechosos de dinero en Argentina.  Pero, en hora buena, se ha dado a conocer la nueva regulación que obligará a las entidades a informar operaciones anormales de dineros públicos, como hasta ahora ocurría con el sector privado.

La resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera (UIF) entrará el viernes en vigencia. La nueva norma cambia también el sistema para considerar sospechosa una operación. Antes se seguían criterios rígidos. Ahora se pasará a un «enfoque basado en riesgos», donde cada entidad deberá evaluar anualmente a sus clientes para categorizarlos según su perfil.

Según afirmó la UIF, países más avanzados en materia de lucha contra la corrupción avanzan hacia una eliminación prácticamente absoluta de las transacciones en efectivo, un sendero que permite ir desde los casos individuales hacia una transformación del sistema. A Argentina aún la separa una distancia sideral. Y los eslabones del sistema financiero fueron muchas veces parte del problema. «Veían y no reportaban», reconoció un funcionario.

La implementación de la resolución 30 de la UIF se discutió con el Banco Central y las entidades de bancos y su implementación será progresiva.

«Ya tenemos en producción las reformas del sistema de valores, seguros, fideicomisos, tarjetas de crédito y cooperativas, que esperamos tener listas antes de fin de año. El año que viene vamos a empezar a abordar las reformas a los reglamentos de los actores no financieros, escribanos, contadores, auditores, casinos, comerciantes de piedras y metales preciosos, concesionarias de automóviles y otro tipo de actividades de la economía real», precisó Mariano Federici, titular de la UIF. Recién el año próximo, la nueva resolución se aplicará a pleno.

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