La Fiscalía General de la Nación informó cómo transcurrió la última fase del juicio juicio oral por el denominado carrusel de contratos de Bogotá en contra de Samuel Moreno Rojas, exalcalde de la ciudad.

En dicha dligencia, la Fiscalía General de la Nación pidió al Juzgado 11 Penal del circuito de conocimiento de Bogotá “una condena ejemplar” contra Moreno Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio,  peculado por apropiación agravado y concusión. De acuerdo con la normatividad colombiana, en caso de que el fallo sea condenatorio, la pena oscilaría entre 22 y 32 años de prisión.

La solicitud del ente acusador se debe a que, según la investigación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Moreno Rojas sería el presunto responsable de intervenir en los procesos de adjudicación de los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio, los de malla vial 071 y 072  de 2008 y valorización 020, 029, 037 047, 068 de 2009.

Al solicitar la condena, el fiscal comentó que “se direccionó el proceso de selección y se entregó información reservada de las licitaciones, antes y durante los procesos; se hacía asignación amañada de evaluadores, cambio de sitios de reunión para las evaluaciones, se impartían instrucciones a los evaluadores y  no se hacía la verificación estricta a los requisitos”.

El funcionario además indicó que los elementos materiales probatorios demuestran que el exalcalde se ocultó detrás de documentos y personas porque no apareció como firmante de documentos y poderes, por lo que su actuar afectó en distintos momentos el bien jurídico de la administración pública.

Es que estos contratos no eran cualquier tipo de proyecto para la ciudad, se trataba de  proyectos estratégicos, de  primera línea para el desarrollo de la infraestructura vial de la capital, por lo que Moreno Rojas  tenía la calidad de garante y defensor de los intereses de proyectos de esta magnitud”, recalcó el delegado acusador.

La fiscalía aprovechó para traer a colación los argumentos contenidos en la sentencia del 27 de octubre de 2014 de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, hermano de Samuel, en la que se lee que:

Para los fines de la contratación pública los servidores públicos, tendrán en consideración que para celebrar contratos y para la ejecución de los mismos,  las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficaz prestación de los servicios públicos y la protección  de los derechos y seguridad de los administrados”.

En concordancia con este extracto, la fiscalía consideró que Samuel Moreno estuvo plenamente enterado de lo que sucedía en el Distrito, y en especial en la contratación, pues de acuerdo con varios testigos, entre ellos el contratista Héctor Julio González, esta información se comunicaba con el excontratista Emilio Tapia, quien fungía como enlace entre los proponentes en contratos y los hermanos Moreno Rojas.

En los alegatos, la Fiscalía sostuvo que “Moreno Rojas sabía que aceptaba promesas remuneratorias indirectamente, que descalificaban los otros proponentes por cualquier mínimo evento y conocía la división de los papeles delictivos y su aporte por omisión”.

El exalcalde Samuel Moreno permanece recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

 

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