Hace algunos minutos se hizo público un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema de Colombia contra el lavado de activos.

 

Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de consultoría Sarlaft y de listas para prevenir lavado de activos a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.

 

Luego de varios meses de espera, el FMI reveló el Informe de Evaluación de Colombia, en el que califica el cumplimiento formal de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la efectividad.

Los resultados del informe coinciden con la información que Infolaft había anticipado en julio de 2018 a través de su artículo Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI, luego de un cubrimiento periodístico realizado de manera simultánea desde Ciudad de Panamá (Panamá), Bogotá (Colombia) y Washington D.C (EE.UU.).

Es importante recordar que el Informe de Evaluación de Colombia se había discutido y aprobado en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada a finales de julio de 2018 en Ciudad de Panamá.

 

Puntos fuertes de la evaluación

De acuerdo con lo expuesto en el documento, “Colombia tiene una comprensión razonable de los principales riesgos domésticos” de lavado de activos y financiación del terrorismo, y dicha comprensión se basa en los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo realizadas en 2013 y 2016.

El FMI destaca que la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) tiene la “capacidad de acceder a diversas fuentes de información financiera que le

permiten producir inteligencia financiera de buena calidad”. También se reconoce que, en términos generales, “las instituciones financieras tienen una comprensión razonable” de los riesgos de lavado de activos y de sus obligaciones para prevenir este delito.

Por otra parte, el organismo internacional destaca que el decomiso y la extinción de dominio “son perseguidos como un objetivo prioritario de política” y señala que la extinción de dominio “se está aplicando con resultados importantes”.

En relación con esto, el FMI manifiesta que las agencias del orden público colombiano “están bien capacitadas y tienen habilidades y recursos adecuados para rastrear y recuperar el producto del delito”.

Respecto a la cooperación internacional, el informe asegura que “Colombia brinda asistencia legal mutua y extradiciones oportunamente”.

 

Puntos débiles de la evaluación

Hay mucho trabajo por hacer en el sector real

El FMI señala en su informe que los sistemas y herramientas de supervisión contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo “no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo”. Incluso, apunta que “existen importantes brechas en la supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd)”

De hecho, el documento afirma que el sector real –que contiene a las actividades y profesiones no financieras designadas– “tienen un nivel menor de conocimiento sobre los riesgos y obligaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo que las instituciones financieras”.

 

Los pendientes en el tema penal de lavado de activos

Los evaluadores del FMI exponen en el documento que “Colombia investiga y procesa el lavado de activos de manera efectiva, pero no de manera acorde con sus riesgos de lavado de activos”.

De igual manera, sostiene que la información de inteligencia financiera entregada por iniciativa propia de la Uiaf a la Fiscalía General “ha conducido a menos casos de lavado de activos y a ningún caso de financiación del terrorismo”. Aunque se reconoce que la inteligencia financiera generada a solicitud de la Fiscalía es “un aporte clave para iniciar investigaciones de delitos determinantes y el rastreo de activos”.

 

Proliferación de armas: recomendación no cumplida

La única recomendación que Colombia no cumplió fue la recomendación 7, relacionada con las sanciones financieras relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sobre este punto, el organismo internacional sostiene que el marco legal de Colombia para aplicar sanciones financieras dirigidas sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva “tiene deficiencias técnicas y prácticas”.

 

Los problemas con el beneficiario final

Finalmente, el FMI sostiene que las autoridades “tienen dificultades para obtener información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de las estructuras corporativas complejas”.

Esto ocurre a pesar de que la información básica de las personas jurídicas se actualiza anualmente y se puede acceder a ella en los registros públicos y bases de datos de los supervisores.

 

Infolaft continuará desarrollando este importante tema a lo largo del día y en el transcurso de las próximas semanas.