Registros de beneficiarios finales, posible acceso para el sector privado. Imagen Pressfoto
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corrupción o evasión fiscal.
Una importante noticia ha pasado desapercibida para los oficiales de cumplimiento y profesionales de gestión del riesgo de LA/FT, fraude y corrupción.
Se trata de la publicación de una nueva guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo propósito es facilitar la identificación de beneficiarios finales.
Sin embargo, más allá de la publicación, lo relevante es una propuesta del GAFI para promover el acceso de las instituciones financieras (IF) y las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) a los registros de beneficiarios finales.
De acuerdo con la nueva guía, “los países pueden considerar facilitar el acceso público a información básica y sobre beneficiarios finales”.
Le puede interesar: el programa anticorrupción de las empresas en Colombia
¿Por qué un acceso público a registros de beneficiarios finales?
Desde el GAFI manifiestan que serían varias las ventajas de abrir los registros de beneficiarios finales –o al menos una parte de ellos– a la sociedad civil y los sujetos obligados.
En primer lugar, al consultar los registros, los particulares podrían ayudar a garantizar que la información sea “precisa, adecuada y actualizada”.
Además, este acceso ayudaría a “identificar el posible uso indebido de personas jurídicas (por ejemplo, en evasión fiscal, fraude o esquemas de corrupción)”.
Concretamente, la guía pide a los países “considerar facilitar el acceso oportuno de las IF y las APNFD” a un conjunto de información relevante.
Entre otros, se sugiere la apertura a los registros de accionistas que contengan sus nombres, el número de acciones que poseen y las categorías de esas acciones.
Así mismo, permitir la consulta de datos de beneficiarios finales que reposen en uno o más registros, o a través de un mecanismo alternativo.
Posibles limitaciones de información
Si bien la propuesta es novedosa y se puede considerar como un gran avance para fortalecer los sistemas de prevención en las organizaciones, también tendría limitaciones.
Según el GAFI, “el acceso público por sí solo no es un mecanismo suficiente para garantizar la precisión de la información”.
Por esa razón, los países que consideren la apertura de sus registros, “deben tener en cuenta las normas de protección de datos y otras cuestiones de privacidad, seguridad y confidencialidad”.
De igual forma, deben determinar qué tipo de información básica y sobre el beneficiario final se pone a disposición del público o aplicar un enfoque escalonado para la divulgación de información.
La consulta de los registros podría tener costos
Finalmente, el GAFI señala que el acceso gratuito por parte de las autoridades competentes y públicas a nivel nacional, en el curso de la contratación pública, “sería una buena práctica”.
Mientras que para los demás actores y si los países prevén establecer costos asociados a las consultas, el GAFI recomienda que la “estructura de tarifas sea proporcional o no supere los costos administrativos de hacer que la información esté disponible”.
Los cobros, agrega el GAFI, deberían cubrir “los costos de mantenimiento y futuros desarrollos del registro o mecanismo alternativo”.