Colombia y la fortaleza de su sistema ALA/CFT
La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se pone a prueba ante las tempestades.
Por: Sergio Reyes Díaz*
A lo largo del último año he tenido la feliz oportunidad de asistir como conferencista a varios congresos especializados en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y en todos ellos –sin excepción– siempre ha habido personas que me dicen lamentar la situación por la que atraviesa Colombia.
Al preguntarles a qué se refieren, me han explicado –en algunos casos con una asombrosa sensación de certeza– que el sistema de prevención del LA/FT del país está debilitado y que Colombia está perdiendo su liderazgo en esta materia.
En todos los casos siempre he dado la misma respuesta y argumentación: el sistema colombiano contra el LA/FT está más fuerte que nunca.
Situaciones críticas que han puesto a prueba el sistema ALA/CFT
En los meses recientes han ocurrido hechos notorios: en septiembre de 2024 el Grupo Egmont suspendió el acceso de la UIAF de Colombia a su red segura (ESW en inglés), por medio de la cual las 177 UIF miembros intercambian información.
La propia UIAF de Colombia generó la crisis al revelarle al Presidente de la República, Gustavo Petro, una información reservada y entregada por otra UIF bajo estrictos protocolos. Información que, valga recordar, el Jefe de Estado dio a conocer al público en una alocución.
Un año después, en septiembre de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. le retiró su certificación al programa y a las iniciativas antidrogas del Gobierno de Colombia.
¿La razón? Oficialmente se mencionó al incremento en el área de cultivos ilícitos y los bajos resultados en materia de incautaciones. Aunque la medida también obedeció a confrontaciones de nivel político.
Sin lugar a duda, el hecho más crítico llegó en octubre de 2025 con la reseña del presidente Petro, su esposa, su hijo y uno de sus ministros en la lista OFAC.
En este punto las acusaciones subieron de tono, al punto de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. aseguró que “el presidente Petro permitió que los cárteles de la droga prosperaran y se negó a detener esta actividad”.
Este conjunto de noticias, evidentemente negativas, han generado en el público –tanto en Colombia como en el exterior– una percepción de aparente debilidad y crisis en el sistema nacional ALA/CFT de Colombia. Es solo eso: una percepción.
Un necesario análisis con cabeza fría y sin pasiones
El sistema nacional contra el LA/FT de Colombia está más fuerte que nunca por una razón sencilla y puntual: porque los controles han funcionado.
A la fecha en la que escribo esta columna de opinión, no hay reportes públicos de cierres de cuentas de corresponsalía, ni bloqueos que afecten a las instituciones financieras del país. Tampoco hay evidencia de de-risking ni pérdidas masivas de negocios.
Por ejemplo, más allá del estupor y del asombro que generó la reseña del Presidente de la República en la lista de OFAC, lo cierto es que la situación se resolvió de manera relativamente rápida.
Desde hace muchos años las instituciones financieras en Colombia tienen políticas y procedimientos claramente definidos para hacer frente a la eventual reseña de alguna de sus contrapartes en los listados estadounidenses.
Pues bien, cuando ese evento de riesgo se materializó –sin importar el nombre del afectado– se aplicó el control establecido.
En la mayoría de los casos el control consistió en un cierre de productos y servicios financieros, lo cual permitió a las instituciones financieras colombianas mitigar el riesgo de ser sancionadas por la OFAC. Como ese era el control definido, se procedió en consecuencia.
Según mi análisis –basado en la experiencia que tengo como gestor de riesgos de LA/FT– esto demostró fortaleza y cumplimiento.
Los sujetos obligados sabían perfectamente lo que tenían que hacer y así lo hicieron. Priorizaron el control, demostraron independencia, respetaron y cumplieron sus políticas, y tomaron las medidas definidas.
Por otra parte, a pesar de la suspensión de la UIAF de Colombia en la red segura del Grupo Egmont, hay que destacar algo: los oficiales de cumplimiento del país han continuado realizando su trabajo y enviando los reportes de manera oportuna.
Si bien desde hace varios años – y por alguna absurda razón– la UIAF dejó de publicar las estadísticas de reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos, con lo cual es prácticamente imposible saber si los ROS aumentan o disminuyen, baso mi tesis en el hecho de que en los últimos meses no hay evidencia de sujetos obligados que hayan sido sancionados por omitir reportes a la UIAF.
Por todo lo anterior, es claro que el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Colombia NO se está cayendo a pedazos.
Es obvio que ha habido situaciones adversas y que se tendrán que tomar correctivos para subsanar los graves errores cometidos por algunos funcionarios y exfuncionarios irresponsables.
Sin embargo, destaco que el sistema ALA/CFT de Colombia sigue sólido y firme, en gran medida sostenido por el conjunto de profesionales en gestión del riesgo de LA/FT que tienen la convicción genuina de que su trabajo aporta para la construcción de una mejor sociedad.
*Director de Infolaft Academy
