“El riesgo de que los miembros de las Farc se conviertan en organizaciones criminales después de que comience la desmovilización parece ser muy alto.”

Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia (2018)

 

 

El Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) habló del Acuerdo de Paz y su incidencia en la evaluación del sistema antilavado de Colombia. A pesar de que se trata en su mayoría lo trató como un elemento de contexto relacionado con los antecedentes de la evaluación de los riesgos nacionales de LA/FT, el Gafilat aprovechó para advertir que los riesgos que entrañan los excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc son altos.

Según el Gafilat, aunque el Acuerdo de Paz de 2016 tiene el objetivo de producir una reducción importante en las actividades de delincuencia organizada terroristas y asociadas en Colombia, “la posibilidad de que los miembros disidentes de las Farc conviertan los campos de transición en bases desde donde continuar la comisión de delitos es una causa de preocupación”.

Frente a esta problemática, y más allá de las advertencias generales sin destinatario determinado a todos los integrantes del sistema antilavado, el organismo internacional lanzó un llamado a la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) para que las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito no sean utilizadas por delincuentes para el ocultamiento de sus recursos ilícitos. “Debido a preocupaciones con respecto a su abuso para de actividades criminales, un desafío clave de la SES será aplicar controles tradicionales de aptitud y honorabilidad a las solicitudes de ex miembros de las Farc, que, según el acuerdo de paz, podrán solicitar licencias para cooperativas. Hasta ahora, esto no ha ocurrido”, dijo el organismo en el informe.

En esta misma línea, los evaluadores del Fondo Monetario Internacional alertaron a las empresas del sector privado sobre otro tema de riesgo que es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. “La integración de los ex miembros de las Farc al sector formal de la economía también presenta un desafío de cumplimiento y gestión del riesgo para instituciones financieras, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Apnfd) y sus supervisores”.

Por último, el informe mencionó que otros grupos criminales ya están reemplazando a las Farc en el control de los campos de coca, de las minas de oro ilegales y de otras actividades delictivas, lo que genera una especie de subrogación del riesgo al pasar de un actor a otro en vez de haber logrado su eliminación.

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La incidencia del Acuerdo de Paz en la financiación del terrorismo

 

Si bien el organismo internacional considera que las autoridades aún no han adoptado medidas para abordar los riesgos asociados con las entidades sin ánimo de lucro, los sistemas de transmisión de dinero o de valor y los sistemas de transporte de efectivo, todas estas actividades susceptibles de ser utilizadas con fines de financiación del terrorismo, el informe comenta que el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc es un logro significativo que puede ayudar a mitigar el riesgo de FT.

 

¿Cómo entendieron los evaluadores el proceso de paz?

 

En una nota al pie de página el equipo de evaluadores resumió el proceso de paz colombiano en los siguientes términos:

“El gobierno de Colombia comenzó charlas exploratorias en busca de la paz con las Farc en 2012 para finalizar un conflicto que comenzó a mediados de 1960. Las conversaciones formales continuaron durante cuatro años y el Congreso de Colombia aprobó un acuerdo de paz en diciembre de 2016.

“Las negociaciones se centraron en la futura participación política de los miembros de las Farc, la reintegración de los rebeldes a la vida civil, la erradicación de los cultivos ilegales, la justicia transicional y las reparaciones y el desarme de los rebeldes. Para finales de junio de 2017, más de 7.000 rebeldes de las Farc en campos de normalización transitoria de todo el país bajo supervisión de Naciones Unidas habían entregado sus armas.

“Ahora que este proceso ha finalizado, los rebeldes deben someterse a un proceso de justicia transicional a través del cual, a cambio de confesiones completas y reparaciones a las víctimas, aquellos que cometieron crímenes de guerra recibirán «sanciones restauradoras», ofreciendo la posibilidad del trabajo comunitario a cambio de la prisión. Luego, los rebeldes deben dejar los acuerdos transicionales e integrarse a la sociedad”.

 

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