En la actualidad existen personas con exposición política, con exposición pública y pertenecientes a organismos internacionales que deben ser conocidas por los oficiales de cumplimiento. Comprender las diferencias entre cada una de estas categorías es clave para una adecuada administración del riesgo de LA/FT.

 

Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.

 

La identificación de las contrapartes que tengan la calidad de personas expuestas políticamente (PEP) es una obligación en todas las normas colombianas vigentes sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Las PEP políticas son aquellas que ocupan alguno de los cargos del Decreto 1674 de 2016. Por ejemplo, el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros, los directores de sociedades de economía mixta, entre muchos otros. La calidad de PEP también la tienen aquellos directivos o tesoreros que hayan abandonado su cargo –por cualquier razón– durante los dos años anteriores a la fecha de revisión de los datos.

No obstante, esta no es la única categoría de PEP. También hay PEP con exposición pública y las PEP pertenecientes a organismos internacionales.

A continuación una tabla que precisa con ejemplos las diferentes categorías:

 

PEP DecretoPEP con exposición públicaPEP de organismo internacional
Generales del EjércitoEmpresariosSecretario general de la ONU
SenadoresArtistasDirector de Unicef
GobernadoresDeportistasSecretario general de la OEA
AlcaldesLíderes religiososSecretario general de la Ocde

 

Decreto PEP es de obligatorio cumplimiento

El 21 de octubre de 2016 el Gobierno de Colombia expidió el Decreto 1674 del mismo año, por medio del cual definió “(…) quiénes son las personas expuestas políticamente –PEP- y en qué consiste su obligación con el sistema financiero en razón de dicha condición”.

Pues bien, como se ha mencionado en otros artículos de Infolaft, el Decreto fue integrado al Sarlaft de la Superintendencia Financiera, al Sagrlaft de la Superintendencia de Sociedades y al Sarlaft de la Superintendencia de Economía Solidaria, entre otros sistemas de prevención.

Esto quiere decir que las entidades financieras, las empresas del sector real y las cooperativas de ahorro y crédito tienen que identificar a todas sus contrapartes que ocupen alguno de los cargos señalados en el citado Decreto, y aplicar sobre ellos una mayor gestión.

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Datos de las PEP no son datos sensibles

En la respuesta a una solicitud realizada por Infolaft acerca de los datos de unas PEP, una entidad del Estado señaló que no podía suministrar la información completa debido a que esta se cataloga como un dato sensible.

Según el artículo 5 de la ley 1581 de 2012, los datos sensibles son los “(…) que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”.

Al revisar cuidadosamente lo enunciado en el artículo, se denota que la información relacionada con nombres, número de identificación o cargo no cabe en ninguna de las categorías establecidas como dato sensible, y por esa razón las entidades públicas están en la obligación de entregarla.

 

Diferencia entre PAI y PEP

Muchos oficiales de cumplimiento aun tienen dudas acerca de las diferentes clases de PEP. ¿Cuándo una PEP tiene exposición pública, ¿cuándo se es una PEP política?, ¿de quién me hablan cuándo se refieren a PEP de organismos internacionales?

Debido a esas confusiones conceptuales, aun existentes entre muchos oficiales de cumplimiento, Infolaft ha establecido una clasificación interna en su producto Local Check, por medio del cual provee de listas a las entidades financieras y empresas obligadas a implementar sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Dentro de Local Check se encuentran unas personas expuestas políticamente (PEP) y otras personas con exposición pública (PAI). Dentro de las PEP solamente se encuentran aquellas catalogadas como tal dentro del Decreto 1674 de 2016, mientras que en PAI están las personas con exposición pública –tales como artistas, empresarios y deportistas– y los representantes de organismos internacionales.

Esta diferencia facilita, sin duda, la labor de los oficiales de cumplimiento debido a que muchos de ellos no solo deben identificar y conocer a las PEP del Decreto.

Tal es el caso de los vigilados por la Superintendencia Financiera y por la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyas normas piden conocer también a las personas con “reconocimiento público”, así como a sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil.

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Casos en los que el Decreto se queda corto

Hace varios meses las autoridades dieron captura al Director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción por su presunta participación en un caso de soborno.

De acuerdo con un reporte de El Tiempo, el funcionario de la Fiscalía le exigió una millonaria coima a un exgobernador de Córdoba a cambio de dilatar un proceso que cursaba en su contra.

Pues bien, el cargo de Director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción no está incluido dentro del Decreto 1674 de 2016. De hecho, en esa norma solamente se hace referencia a cuatro cargos dentro de la Fiscalía General de la Nación:

 

  • Fiscal General de la Nación
  • Vicefiscal General de la Nación
  • Director de Fiscalías Nacionales
  • Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana

 

Así mismo, los cargos de varios funcionarios presuntamente implicados en el caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht no aparecen dentro del mencionado Decreto. Es justamente en estos casos en los que es importante que las entidades vayan más allá del mínimo jurídico y determinen ellas mismas quién es PEP y quién no tiene esa categoría, toda vez que finalmente serán estas las afectadas por verse vinculadas con una PEP en problemas.

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Youtubers: una nueva categoría de PEP

El numeral 4.2.2.2.1.7. del Sarlaft de la Superintendencia Financiera y el numeral 2.2.2.2.1 de la Circular Externa 4 de 2017 de la Superintendencia de Economía Solidaria catalogan como PEP a las siguientes personas:

 

  1. Personas nacionales que por razón de su cargo manejen recursos públicos o tengan poder de disposición sobre estos.
  2. Personas extranjeras que por razón de su cargo manejen recursos públicos o tengan poder de disposición sobre estos.
  3. Personas a las que se les haya confiado una función pública prominente en una organización internacional o del Estado
  4. Personas que gocen de reconocimiento público.

 

Dentro de la última categoría –personas que gocen de reconocimiento público– pueden incluirse los denominados youtubers, personas que suben videos a la red social YouTube y cuyos canales son seguidos por millones de personas en todo el mundo.

Sin lugar a dudas, estos personajes gozan de reconocimiento público –sobretodo entre la población joven– y reciben cada año sumas millonarias de dinero de la multinacional YouTube gracias al poder de influencia que ejercen entre sus seguidores.

Los youtubers también devengan recursos por parte de grandes multinacionales con las que suscriben convenios o contratos de difusión de productos de todo tipo.