Los lavadores han demostrado una maleable capacidad de expandir sus métodos para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas. Dentro de esta tendencia también se ha incluido al deporte más popular del mundo: el fútbol.
El Grupo Investigativo Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Dijín ocupó una aeronave de propiedad de Robeiro Vélez.
Más allá de los detalles que rodean el caso Aroch y de las especulaciones que se han dado a conocer por varios medios de comunicación, infolaft quiso extraer los elementos más útiles de este caso para que las entidades obligadas a prevenir el LA/FT puedan fortalecer sus sistemas.
El título está entre comillas porque es el titular de un comentario firmado por Guillermo Kellmer en Clarin.com este 29 de diciembre. El escrito alude a una reciente sentencia de primera instancia del Tribunal Oral Federal N.° 2 de Buenos Aires y cae como anillo al dedo por dos razones: para aludir a la omnipresente corrupción local que materializa algunos delitos fuente del lavado de activos y para revisar analógicamente los alcances de las consecuencias por la omisión de deberes a cargo de los administradores empresariales en punto de la administración de riesgos.
Infolaft consultó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer cuántas empresas obligadas a cumplir con el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades están registradas en el Sirel y cuántos han sido los ROS entregados por ellas.
El pasado 1 de febrero Mónica Mendoza dejó su cargo como coordinadora del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés).
Según pudo conocer infolaft, Mendoza se trasladó el pasado martes 2 de febrero a la regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en El Salvador, donde coordinará un proyecto anticorrupción y donde además ocupará la jefatura de la oficina del país.
Para poder cumplir de mejor manera con los estándares internacionales en lo que se refiere a las personas expuestas políticamente, el Estado colombiano tiene la necesidad de replantear y unificar la definición de PEP, determinar su alcance incorporando aspectos que hoy no contempla y hacerla aplicable principalmente a los sectores financiero y de actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd).
Por: Jorge Humberto Galeano Lineros*
Un informe de la Dea explicó cómo con ayuda de autoridades europeas se logró desenmascarar los esquemas de tráfico de drogas y de lavado de dinero de la organización terrorista Hezbollah y sus vínculos con carteles de la droga en Latinoamérica.
La Dijín lideró un operativo para ocupar bienes del Zar de la Chatarra avaluados en 32 mil millones de pesos.
A finales de 2015 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al empresario textil Alberto Aroch Mugrabi y a varios de sus empleados por lavado de activos y por otros dos delitos. ¿Qué pueden aprender de este sonado caso las entidades obligadas a prevenir el LA/FT?