Promulgada en 2010, la ley FATCA alienta a las instituciones financieras extranjeras (FFI) que cierren acuerdos con el Internal Revenue Service (IRS), por lo que necesitan informar al IRS datos acerca de cuentas corrientes mantenidas por ciudadanos de Estados Unidos, al igual que los residentes en otros países y determinadas entidades extranjeras no financieras (NFFEs) con propietarios sustanciales que sean ciudadanos de Estados Unidos.

Olga Lucía Londoño ocupa el cargo de Superintendente de Economía Solidaria desde el pasado 4 de junio. Infolaft la entrevistó para conocer qué planes tiene en materia de supervisión del sistema de prevención LA/FT de sus entidades vigiladas.

Infolaft:

Descríbanos brevemente su experiencia laboral y académica

Olga Lucía Londoño:

El Estatuto Aduanero contenido en el Decreto 2685 de 1999 será objeto de reforma integral. La nueva versión contiene avances positivos con respecto a la que se había conocido en 2012.

Infolaft presenta a sus lectores un artículo en el que entrega las principales definiciones de la ley Fatca, las fechas claves, y algunas recomendaciones para su cabal cumplimiento, además de un análisis de la normativa existente en Colombia al respecto. También se hace alusión a los principales pronunciamientos que sobre este tema hicieron el Ministerio de Hacienda, la Superfinanciera y la Dian durante el XIII Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT.

¿Qué dicen las autoridades?

Anguila es una isla caribeña ubicada al este de Puerto Rico con un área de 91 kilómetros cuadrados y una población estimada de 16 mil habitantes. La economía de dicha isla se basa principalmente en el turismo de lujo, la banca extraterritorial y las remesas de emigrantes. Muchas personas, entre ellas el director de la Dian, se preguntan por qué esta diminuta isla fue uno de los principales inversores extranjeros en Colombia entre 2007 y 2009, y si esto tendría relación con su status de paraíso fiscal.

Informe de la Ocde

Infolaft realiza un análisis de los estándares internacionales, listas emitidas por gobiernos y organismos internacionales en relación con las jurisdicciones de riesgo, considerando que el riesgo geográfico en sí mismo no determina necesariamente el nivel de riesgo que puede plantear un cliente o una transacción.

En la edición 51 de infolaft se publicó un artículo que mezcló hechos reales provenientes de varias fuentes a los que se les agregó una gran dosis de imaginación sobre el recorrido de un billete de cien dólares que es usado para cometer delitos. En esta ocasión se presenta un reportaje que responderá las siguientes preguntas: ¿Cuál es el marco normativo de los profesionales de compra y venta de divisas en materia de LA/FT? ¿Qué tanto cumplen los controles de prevención LA/FT dichos profesionales?

En su reciente intervención en el Congreso de la Asobancaria, Mark Samara, el agregado judicial de la embajada de los Estados Unidos, recomendó a los asistentes la lectura del documento titulado Trade Based Money Laundering o Lavado de dinero basado en el comercio internacional, producido por el Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG por su sigla en inglés). Es por ello que en esta oportunidad infolaft ofrece a sus lectores una sintética traducción de los aspectos más relevantes del documento en mención.

El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (Sbif), Raphael Bergoeing, le contó a infolaft cómo realizan en su país la tarea de supervisión en materia de prevención del LA/FT. Un dato interesante que dejó la entrevista es que en los últimos años no ha habido sanciones contra entidades financieras por fallas en sus sistemas antilavado.

Infolaft:

¿Cuántas sanciones ha emitido la Sbif en los últimos dos años por deficiencias en controles de lavado de activos y financiación del terrorismo?

RB:

La adopción de un modelo de prevención LA/FT en una empresa del sector real está precedida por un complejo proceso.

Emisores de valores, empresas de transporte terrestre de carga, auxiliares de la función aduanera, empresas transportadoras de valores, casinos y similares tienen en común que pueden ser utilizados para dar apariencia de legalidad a activos ilícitos o para canalizar recursos hacia actividades terroristas, como también que tienen la obligación de adoptar sistemas de prevención del LA/FT. (Ver infolaft No. 50).