El 9 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en la lista de narcotraficantes especialmente designados a 9 individuos y 22 entidades en Colombia, Panamá e Israel. De acuerdo con un comunicado de Ofac, se trata de la presunta red de lavado de activos conformada por miembros de la familia Guberek y varias de sus empresas, los cuales estarían al servicio de al menos dos organizaciones de narcotraficantes. Un detalle interesante es la relación de los designados con un capturado en la ‘Operación Hielo y Fuego’.

 

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), y de conformidad con lo que se expresa en el numeral 1.4.

Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el futuro Conpes antilavado, cómo van los preparativos de Colombia con miras a la próxima evaluación de Gafisud, de qué forma se hará frente a la falta de condenas por financiación del terrorismo y cuáles serán las modificaciones a la Ccicla, entre otros temas.

 

 

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Infolaft:

¿En qué consistirá el Conpes antilavado?

Una tipología es una descripción de los métodos que utilizan los lavadores de activos o financiadores del terrorismo para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas o para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas. Dichas tipologías se encuentran catalogadas de acuerdo al sector reportante.

 

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En términos sencillos, una tipología es un cuento a través de la cual se hace un resumen de la modalidad que utilizan los lavadores para lavar activos o financiar terrorismo.

Con la finalidad de realizar un proceso de identificación de eventos de riesgo de LA/FT más preciso, así como para determinar señales de alerta que estén adecuadas a los riesgos identificados por la entidad, infolaft presenta la relación existente entre los delitos fuente de LA/FT, las tipologías de LA/FT y los eventos de riesgo que deben identificar las entidades vigiladas.

 

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El embargo, el comiso y la extinción[1] tienen en común que corresponden a medidas judiciales, recaen sobre bienes y están orientadas a evitar que el delincuente sea exitoso en su actividad criminal.

 

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El embargo es una orden judicial que, por ejemplo tratándose de inmuebles, se le da a la Oficina de Registro (o Catastro), para que inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria del predio la prohibición de su enajenación.

Aunque el GAFI señala los deberes de debida diligencia del cliente que se deben aplican a los contadores, en Colombia no existe regulación al respecto.

 

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Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del derecho. Ninguna disposición normativa nacional impone a los abogados cumplir los requisitos de debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros o el reporte de operaciones sospechosas.

 

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La Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia integra la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la Junta de Inteligencia Conjunta.

 

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