El Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) reveló el pasado 11 de septiembre un extracto de su Informe 2012, titulado ‘Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia’. Según ellos, se trata de una ‘‘caracterización de orden tipológico de las actuaciones de los grupos armados ilegales con relación al sector extractivo’’.
En esta edición retomaremos el caso de los ocho financieros y empresarios capturados en enero acusados de lavado de activos, sobre quienes la Corte Suprema ya autorizó la extradición de seis de ellos; y los avances en el juicio por las devoluciones irregulares de IVA en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Autorizan extradición de financieras por presunto lavado de activos
Esta semana el Ministerio de la Justicia y del Derecho dio a conocer el Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal para el Estado colombiano. En uno de sus apartes sugiere que para combatir de mejor manera el lavado de activos se deben focalizar los controles en el contrabando, la subfacturación y sobrefacturación de exportaciones e importaciones. Además, plantea modificar la actual política de lucha contra las drogas.
La escritora y periodista mexicana Lydia Cacho presentó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez su libro ‘Esclavas del Poder’, una obra en la que entrega detalles de la manera como las organizaciones delictivas trasladan seres humanos de un punto a otro del planeta con el fin de explotarlos sexualmente. La obra también describe el modus operandi del lavado de dinero producto del ilícito negocio.
La trata como fenómeno global
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó a través de un comunicado de prensa que suscribió un convenio sobre congelamiento de bienes con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia Financiera. Esto con el fin de permitirle a Colombia cumplir con directrices internacionales en la materia.
Luego de que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, confirmara que actualmente se adelanta una investigación contra los miembros del Grupo Nule por un presunto lavado de activos, el equipo de Infolaft buscó información que permitiera identificar señales de alerta, tipologías y sectores de riesgo en este caso particular que involucra contratación con el Estado.
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre el 22 y 24 de agosto por la Asociación Bancaria de Panamá. A continuación los cinco temas más importantes, entre los que se destacan el valor agregado que las unidades de cumplimiento le pueden dar a una organización, reflexiones sobre el delito de lavado de activos y las mejores prácticas al hacer negocios con zonas francas.
El valor agregado del oficial de cumplimiento
Desde el próximo año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS por su sigla en inglés) entregará su certificación a aquellas personas que se capaciten en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros.
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) es una organización creada recientemente en Estados Unidos que busca vincular a ‘‘los profesionales del sector público y privado que trabajan en diversas disciplinas para controlar, detectar y combatir la delincuencia financiera’’.
Seguirle la huella al dinero de las organizaciones terroristas en áreas de combate debe realizarse por funcionarios que conozcan el campo de batalla y en ese sentido nadie mejor que los miembros de las Fuerzas Militares, quienes lo hacen a través del Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas Terroristas. Para conocer más detalles al respecto, InfoLAFT entrevistó al general Javier Fernández Leal, Jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta de las FF.MM.
Infolaft:
La semana anterior se dio cita en Bogotá la Red de Recuperación de Activos de Sudamérica (RRAG). En el encuentro se realizó un taller jurídico sobre congelamiento de bienes y recuperación de activos, y se adelantaron contactos entre funcionarios judiciales de Colombia con sus pares de otros países para establecer mecanismos que permitan dinamizar los trámites en ese sentido.