Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el cumplimiento riguroso de las normas nos permitirá enfrentarlos con efectividad.
¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias recomendaciones.
En Infolaft creemos, a diferencia de lo que otros portales han publicado, que este no es momento de hablar de suspensiones de contratos laborales en el sector de cumplimiento.
A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben continuar cumpliendo con las normas de prevención del lavado de activos. ¿Cómo hacerlo?
Ni el SARLAFT de la Superintendencia Financiera ni el SAGRLAFT de la Superintendencia de Sociedades hacen excepciones en el cumplimiento de sus controles ante escenarios de crisis.
El aplazamiento en el inicio de las sesiones parlamentarias demorará el trámite del proyecto de ley 05 de 2019, el cual propone que los oficiales de cumplimiento sean sujetos activos del delito de omisión de control.
El pasado lunes 16 de marzo el presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, le solicitó a la Secretaría General de esa corporación aplazar para el próximo 13 de abril el comienzo de las sesiones legislativas.
Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para evitar el contagio de Covid-19.
Por estos días muchos oficiales y analistas de cumplimiento en Colombia se encuentran ejerciendo sus labores desde casa, ante las recientes alertas decretadas por el Gobierno Nacional con el propósito de contener el avance de casos de Covid-19.
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta ante la actividad financiera ilícita relacionada” con el Covid-19.
Fincen solicitó a todas aquellas instituciones financieras que se puedan ver afectadas por la pandemia de Covid-19 que se comuniquen con ellos y con los respectivos reguladores, en caso de tener “posibles retrasos en su capacidad de presentar los informes requeridos de la Ley de Secreto Bancario”.
El principal insumo para la nueva política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la Evaluación Nacional de Riesgo de 2019.
El pasado 11 de marzo se llevó a cabo la XXXIV reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos, en la que participaron delegados de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y la Superintendencia Financiera, entre otras.
¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en este artículo.
Como es de conocimiento público, el Gobierno de Colombia decidió el pasado 17 de enero de 2020, durante una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, volver vinculantes para el país las listas de terroristas emitidas por los Estados Unidos y la Unión Europea.
El organismo internacional publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para el año 2022 se estima que el 60% de las transacciones financieras serán digitales.
El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema nacional contra el LA/FT.
La recomendación 33 del Grupo de Acción Financiera Internacional solicita a los países “mantener estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.