La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos contra tres directivos de la Comisionista de Bolsa Torres Cortés S.A. Los representantes legales y la gerente financiera de la extinta comisionista se enfrentan a un proceso por lavado de activos derivado de captación masiva y habitual de dineros del público. Se trata de José Leonel Torres Cortés, representante legal; Leonel José Torres Jaramillo, representante legal suplente; y Diana Marcela Delgadillo, gerente administrativa y jurídica. Según la Fiscalía, entre 2008 y 2012 los recursos de los clientes no fueron invertidos e

La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas. Panamá estaba advertido: en abril de 2016 –unos días después de la publicación de los Panamá Papers– el Gafilat publicó un comunicado en el que recordó que los países deben obligar a “los bancos, abogados, contadores y otros negocios de riesgo” a conocer al propietario y al controlador de las operaciones.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el documento se denota que el país centroamericano tiene mucho trabajo pendiente. Los últimos dos años no han sido fáciles para Panamá en lo que respecta a la lucha contra el lavado de activos.

La Superintendencia Financiera multó a un banco que opera en Colombia por fallas en su proceso de segmentación en el marco de su Sarlaft.

El día de ayer, la Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares sobre 354 bienes pertenecientes a la estructura criminal de Lady Constanza Sánchez que estarían en manos de testaferros en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Riohacha, Cali y Caucasia (Antioquia).

La empresa fabricante de cajeros automáticos Diebold Nixdorf Inc advirtió a sus clientes en Estados Unidos, principalmente bancos, que ha sabido de casos en México, Taiwán y Tailandia en que hackers informáticos han infiltrado unidades automáticas de entrega de efectivo con herramientas tecnológicas para que estas entreguen dinero de forma irregular.

El día de ayer la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo en su discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, que “el Bitcoin tiene que ser regulado para evitar que se use como vehículo para financiar el crimen organizado y el terrorismo”. Asimismo, May dejó entrever que es probable que el país emita una regulación estricta en el corto plazo: “debemos revisar muy seriamente las criptomonedas como el Bitcoin, precisamente por la manera en que pueden ser usadas por los criminales”, anunció. En el mismo contexto, el canciller británico, Phillip Hammond, también se r

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi del Ecuador denunció esta semana que poco menos de 1.500 indígenas pertenecientes las comunidades de Salcedo, Pujilí, Ambato y Saquisilí fueron estafados a través de un esquema de captación ilegal de dinero que utilizaba como base operaciones de intercambio de monedas virtuales (Bitcoin entre ellas) a través de plataformas digitales.

El pronunciamiento lo realizó la Superintendencia Financiera en la resolución 1578 de 2016, por medio de la cual impuso una millonaria multa a un banco por incumplimientos en el Sarlaft. Una de las fallas fue cometida por la junta directiva. El numeral 4.2.4.1.7 del Sarlaft impone a las juntas directivas u órganos que hagan sus veces el deber de pronunciarse respecto de “cada uno de los puntos” contenidos en los informes presentados por los oficiales de cumplimiento.

El pasado viernes el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca que la defraudación fiscal por encima de los USD 300 mil se considere una conducta criminal castigada penalmente y que la misma sea delito fuente de lavado de activos. Según señaló el ministro, Dulcidio de la Guardia, en la presentación del borrador de ley, este proyecto es esencial para evitar que el centro financiero panameño sea utilizado para ocultar fortunas y para evadir el pago de obligaciones tributarias.