La movilidad laboral, la búsqueda de posibles colaboradores y la resolución de dudas son solo algunas de las ventajas de una buena red de contactos.
Por: Juan Carlos Medina Carruitero*
Durante muchos años y desde el surgimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, la figura del oficial de cumplimiento ha estado cubierta por diferentes grados de confidencialidad en Latinoamérica.
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El know-how que aportan las certificaciones internacionales, sin lugar a duda, ayuda a los oficiales de cumplimiento mitigar los riesgos.
Por: Gonzalo Vila*
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna.
La Superintendencia de Sociedades continúa resolviendo preguntas enviadas por nuevos oficiales de cumplimiento obligados a implementar el SAGRILAFT.
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La Supersociedades acaba de hacer un importante pronunciamiento sobre la periodicidad de actualización de datos en el SAGRILAFT.
¿Cada cuánto hay que hacer la actualización de datos de clientes, empleados, proveedores y socios dentro del SAGRILAFT?
Esa pregunta, que seguramente hoy se hacen muchos oficiales de cumplimiento obligados a implementar el SAGRILAFT, fue resuelta por la Superintendencia de Sociedades.
Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo conjunto de controles para prevenir el lavado de activos en sus operaciones.
Así lo dispuso la Circular Externa 27 del 2 de septiembre de 2020 de la Superintendencia Financiera, la cual otorgó un plazo de un año a las instituciones financieras para actualizar sus modelos y controles.
En su primera columna para Infolaft el director de la UIF de Perú, Sergio Espinosa, presenta un recuento que destaca la evolución del sistema regional ALA/CFT de Latinoamérica.
Por: Sergio Espinosa*
La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a sus contrapartes en procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente”.
Las instituciones financieras están obligadas a entregar la información que les soliciten sus contrapartes en sus procesos de debida diligencia.
Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del Ministerio de TIC.
El escándalo generado por la presunta falsificación de unas pólizas de garantía en un contrato suscrito entre el Ministerio de TIC y el consorcio Centros Poblados comienza a tener efectos.
Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas de prevención de lavado de dinero.
Por: David Schwartz*
Por Javier Gutiérrez López*