La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos para convertirse en Ley de la República.
El proyecto de ley 05 de 2019 Senado, el cual propone que los oficiales de cumplimiento sean sujetos activos del delito de omisión de control, fue aprobado el pasado 11 de diciembre por las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes.
Los consorcios tampoco están obligados a implementar los programas de ética empresarial definidos en la Ley 1778 de 2016.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reiteró esta solicitud por medio de un informe de su Grupo de Trabajo contra el Soborno Internacional.
Colombia sigue sin cumplir plenamente con las disposiciones de la Convención de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros.
Esa, por lo menos, es la conclusión del Informe fase 3 de ese organismo, publicado este jueves 19 de diciembre.
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone que los oficiales de cumplimiento puedan ser responsables del delito de omisión de control, el cual tiene condenas hasta de 12 años de cárcel.
¿Es usted empresario y quiere hacer consultas en listas sin costo? Ingrese aquí para consultar gratuitamente varias de las listas restrictivas y listas vinculantes más importantes.
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo 17 de febrero de 2020. Aquellas organizaciones que no las entreguen podrían ser sancionadas.
Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades están recibiendo una nueva edición del 'Informe 50-Prevención del riesgo de LA/FT'.
Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para los oficiales de cumplimiento.
La publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios será requisito para ocupar varios de los cargos catalogados como PEP dentro del Decreto 1674 de 2016.
El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre.
Por medio del oficio 220-123832 la Superintendencia de Sociedades precisó que el capítulo 10 de su Circular Básica Jurídica, el cual define el SAGRLAFT, “dispone la necesidad que cada sociedad del grupo que se encuentre en la obligación de contar con dicho oficial [de cumplimiento] debe vincularlo en forma independiente a las otras.
Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara.
La semana anterior varios medios de comunicación en Colombia reseñaron la aprobación de un proyecto de ley anticorrupción que obliga a los más altos funcionarios del Estado a publicar sus declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas.